Analizan armonizar Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 26 de marzo 2022.- El Pleno del Congreso del Estado turnó a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos Igualdad y Género, la iniciativa para la armonización de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para abonar en la construcción de un marco jurídico que dote a las mujeres de instrumentos que les permitan salvaguardar tanto su integridad física como sus derechos humanos, así como los de sus hijas e hijos.

En ese marco, fue turnada a comisiones una iniciativa de reforma para que, una vez que una mujer o una niña solicitan una orden de protección, la autoridad deberá realizar diversas acciones, entre ellas la medición y valoración de riesgo, la valoración médica en caso de requerirse, así como la valoración psicológica. Se incluirá, en su caso, a sus hijas e hijos.

Las situaciones de violencias que viven las mujeres tienen afectaciones en su salud mental, mismas que, además, se ven agravadas por las condiciones sanitarias derivadas de la pandemia del Covid 19 que implica, en muchos casos, que las mujeres, niñas y adolescentes vivan 24 horas con sus agresores.

El artículo 38 establece que, cuando una mujer o una niña víctima de violencia soliciten una orden de protección a la autoridad administrativa, ministerial y/o judicial, se le deberá brindar toda la información disponible sobre el procedimiento relacionado con la propia orden. La autoridad deberá informar con un lenguaje claro, sencillo y empático a la mujer víctima de violencia sobre su derecho a solicitar las órdenes de protección, y evitará cualquier información tendiente a inhibir o desincentivar la solicitud.

La autoridad deberá de realizar la medición y valoración del riesgo, la valoración médica en caso de requerirse, así como la valoración psicológica. Las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno, que reciban denuncias anónimas de mujeres y niñas víctimas de violencia, decretarán las órdenes de protección correspondientes.

En los artículos transitorios se establece que el Poder Ejecutivo del Estado y el Poder Judicial, deberán elaborar y aplicar, en un plazo no mayor a 120 días contados a partir de la publicación del Decreto, un plan de capacitación a todo el personal administrativo, ministerial, y judicial sobre el contenido de la reforma.

Se señala que las obligaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto se sujetarán a la disponibilidad presupuestaria de los ejecutores responsables del gasto para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para tales efectos.