Amplían supuestos para acreditar feminicidio en SLP

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 3 de octubre de 2026.- La Comisión Primera de Justicia del Congreso de San Luis Potosí aprobó un dictamen para ampliar y actualizar las circunstancias que pueden acreditar razones de género en un feminicidio, aunque la reforma todavía deberá ser votada por el Pleno.

La presidenta de la comisión, María Leticia Vázquez Hernández, explicó que la propuesta busca actualizar el artículo correspondiente del Código Penal estatal para incorporar distintos tipos de vínculos y contextos de violencia que actualmente pueden quedar fuera de los supuestos previstos.

Entre los cambios se plantea especificar relaciones de parentesco, matrimonio, concubinato, noviazgo, cohabitación, sociedad de convivencia, amistad, subordinación o superioridad, además de otros vínculos afectivos, sentimentales o de confianza.

El dictamen también amplía los antecedentes de violencia que podrían considerarse, al incluir los ámbitos comunitario, institucional, político, digital, mediático y religioso, así como antecedentes que no hayan sido denunciados previamente.

La propuesta contempla además agresiones, intimidación, hostigamiento, lesiones y violencia política como elementos que pueden ser considerados para establecer las razones de género.

Otro de los cambios se refiere a las circunstancias posteriores al asesinato. El proyecto incorpora como supuesto que el cuerpo de la víctima sea enterrado u ocultado, además de mantener la referencia a su exposición en lugares públicos y agregar también espacios privados.

El dictamen contempla como indicadores de indefensión o desprotección real situaciones como el embarazo, la edad, una discapacidad, la dependencia de cuidados o el consumo de sustancias.

También se incorpora como circunstancia que la víctima haya sido reportada como desaparecida o haya sido objeto de búsqueda por familiares, particulares o autoridades antes de que fueran localizados su cuerpo o restos.

Mantienen pena de 40 a 60 años

La propuesta mantiene la pena de 40 a 60 años de prisión, además de una sanción económica de cuatro mil a seis mil días del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

El dictamen plantea, además, incrementar la pena hasta en una tercera parte de su mínimo y máximo cuando exista participación de varios sujetos activos; cuando el feminicidio ocurra en un contexto de trata de personas o explotación sexual; cuando sea cometido en presencia de personas con quienes la víctima tuviera un vínculo de parentesco, afectivo o de confianza; o cuando la víctima sea niña o adolescente.

La reforma no está vigente todavía. Al haber sido aprobada en comisión, el dictamen será turnado al Pleno del Congreso del Estado, donde deberá ser discutido y votado.