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Capturan a 12 personas ligadas a célula criminal en Guadalcázar
SAN LUIS POTOSÍ, SLP. 20 de septiembre de 2023.- La Comisión de Vecinas y Vecinos Voluntarios del Barrio de San Miguelito condenan las amenazas por parte del Gobierno Estatal de San Luis Potosí de retirar el recurso destinado a dicho barrio, pues es un recurso público que es de todos los ciudadanos, señalaron.
Declararon que cuando la Secretaría de Desarrollo Urbano, Viviendas y Obras Públicas (Seduvop) y autoridades estatales los han convocado a reuniones de trabajo, se dedican a hacernos advertencias y amenazas en lugar de trabajar en los avances del proyecto para que se levante el amparo el día 21 de septiembre.
El discurso de Gobierno Estatal que dice estar listo para comenzar a trabajar nuevamente porque ya ha subsanado los requisitos del primer amparo es absolutamente falso porque no han presentado los avances a las instituciones competentes y a la ciudadanía, mencionaron.
En la última reunión que se tuvo con Seduvop y los vecinos el viernes 15 de septiembre, el gobierno no presentó un proyecto de remodelación de las calles intervenidas con base en lo que el INAH les marcó como indispensable para dicho proyecto. Sólo presentaron dos planos genéricos que podrían ser parte de cualquier proyecto, de cualquier calle y a la fecha no se ha presentado el proyecto ejecutivo ante ninguna instancia, ni ante el INAH ni el juez de la causa, ni siquiera de manera informal ante los vecinos inconformes.
Los vecinos señalaron la poca disposición que tienen las instituciones gubernamentales y el poco respeto hacia los habitantes del barrio para continuar con las obras y subsanar los desperfectos que dejaron, perjudicando a más de 300 familias que dejaron sin banquetas, dañaron con la máquina los drenajes y las tuberías de agua, de por sí ya inservibles.
Vecinos y vecinas hacen responsable al gobierno estatal de todos los problemas que estamos teniendo como consecuencia de iniciar una obra dentro de la ilegalidad y le exigimos, como se exigiría a cualquier contratista, que cumpla con su obligación de terminar la obra con base en los lineamientos oficiales y las condiciones especificadas por los jueces.
Informamos que en el Segundo Amparo el gobierno debe trabajar en lo que debió haber hecho desde un inicio: comprobar que los vecinos y vecinas cuentan con vías de comunicación accesibles y seguras para personas con discapacidad durante el transcurso de las obras y comprobar que durante los proyectos de rehabilitación se tomaron en cuenta a las personas con discapacidad.