Acusa gestora agresión y represalias en Desarrollo Urbano capitalino

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 17 de diciembre del 2025.- Mariel Rodríguez, gestora especializada en trámites constructivos y de funcionamiento, hizo pública una denuncia por una presunta agresión verbal y física, así como por represalias laborales, que atribuye a una inspectora del área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de San Luis Potosí y a mandos superiores de esa dependencia.

La denunciante explicó que decidió romper el silencio luego de no obtener respuestas claras por parte de las autoridades municipales, y ante el temor de que este tipo de hechos puedan repetirse, no solo en su caso, sino con otros ciudadanos.

De acuerdo con su testimonio, los hechos ocurrieron el 21 de octubre, cuando salía de oficinas relacionadas con trámites de obra. En ese momento fue interceptada en la vía pública, sobre la calle Comonfort, por una inspectora identificada como Mirna, adscrita al área de Desarrollo Urbano.

Mariel aseguró que, sin mediar provocación previa, la funcionaria comenzó a insultarla de manera directa y reiterada, extendiendo las agresiones hacia sus hijos, a quienes según su versión, llamó “bastardos”.

La denunciante señaló que intentó retirarse y pedir que cesaran las agresiones, sin éxito.

El conflicto escaló cuando, siempre según su relato, la inspectora la empujó, provocando que cayera al suelo, momento en el que continuaron los insultos y amenazas. Mariel se encontraba embarazada y cargaba a uno de sus hijos, lo que agravó la situación.

Durante el altercado, afirmó que la inspectora le habría dicho que estaba “protegida” por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, por su jefe directo, el ingeniero Enrique Correa, y por la titular de Catastro, Ángeles, lo que, desde su perspectiva, buscaba intimidarla y disuadirla de denunciar.

Tras el incidente, Mariel reconoció haber vivido días de miedo y ansiedad. Señaló que dejó de acudir acompañada de su hijo menor a realizar trámites por temor a encontrarse nuevamente con la funcionaria.

Posteriormente, enfrentó complicaciones en su embarazo. Aunque aclaró que médicamente no puede afirmarse de manera concluyente que la agresión haya sido la causa, indicó que el crecimiento del embrión se detuvo, situación que también documentó médicamente y anexó a sus quejas.

El 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Mariel ingresó una queja formal ante la Contraloría Municipal, acompañada de un video del incidente, así como de documentación médica. Al no recibir avances ni información clara, acudió posteriormente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para interponer una segunda queja.

Lejos de encontrar una solución, aseguró que comenzaron bloqueos laborales en la Dirección de Desarrollo Urbano, trámites detenidos, acuerdos previamente establecidos sin respetarse y retrasos prolongados que, según dijo, no ocurren en otras áreas del Ayuntamiento.

Relató que tenía una cita agendada con el ingeniero Enrique Correa para el 13 de noviembre, la cual fue cancelada exclusivamente para ella, luego de que según su versión, el propio funcionario llamó a su jefe para pedir que Mariel no asistiera.

Añadió que, de acuerdo con lo que su superior le informó, el tema central de esa reunión no fue el trabajo, sino el “problema” generado por la agresión, minimizando los hechos y refiriéndose a ellos como “un pleito de vecinas”, pese a que la inspectora vestía chaleco oficial del Ayuntamiento y se encontraba en horario laboral.

Mariel aseguró que hasta el momento ninguna autoridad municipal ha salido a atenderla, ni a mediar la situación. Señaló que no ha tenido contacto directo ni con el alcalde Enrique Galindo ni con los funcionarios señalados, pese a haber esperado un acercamiento institucional tras las denuncias formales.

Actualmente, dijo, su principal preocupación es perder su fuente de trabajo, ya que los trámites detenidos afectan directamente su desempeño profesional y sus ingresos, situación que impacta también a su familia.

La denunciante afirmó que su exigencia es clara, justicia, garantías de seguridad, el cese de presuntas represalias y que sus trámites continúen conforme al reglamento, sin condicionamientos ni bloqueos.

También expresó su disposición al diálogo, siempre que exista voluntad real de las autoridades para resolver el conflicto y aplicar las sanciones correspondientes, en caso de que se acrediten responsabilidades.

Finalmente, Mariel reconoció sentir temor tras hacer pública su denuncia, por lo que pidió protección y respaldo institucional, reiterando que no busca confrontación política, sino que hechos como los que vivió no vuelvan a repetirse.

Reproducción autorizada citando la fuente: Quadratín SLP
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