Pide Diputado que llegue el Operativo Enjambre a San Luis Potosí
SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 12 de mayo de 2026.-Mientras miles de potosinos enfrentan el peso completo de la ley por delitos menores, uno de los personajes señalados por presuntos desfalcos millonarios durante el sexenio de Juan Manuel Carreras López hoy puede aparecer tranquilamente en bodas, reuniones sociales y centros comerciales. La única restricción vigente: no acercarse a las oficinas donde alguna vez despachó como titular de la Seduvop.
La revelación hecha este martes por la fiscal general del Estado, Manuela García Cázares, exhibe con crudeza el estado del caso contra Leopoldo Stevens Amaro: desde 2023 dejó atrás la prisión domiciliaria y actualmente enfrenta el proceso judicial con medidas cautelares mínimas, pese a estar vinculado por ejercicio abusivo de funciones dentro de una investigación relacionada con presuntas irregularidades millonarias y posibles redes de corrupción en la pasada administración priista.

El mensaje para la ciudadanía es devastador: mientras los expedientes se empolvan entre audiencias intermedias y tecnicismos judiciales, quienes fueron parte del círculo de poder señalado por el saqueo institucional pueden continuar su vida prácticamente sin restricciones.
La indignación social no nació por una fotografía casual en un evento público. Nació porque el caso simboliza la impunidad que reina en San Luis Potosí. Cuatro años después de las modificaciones cautelares, el proceso parece caminar con lentitud.
La Fiscalía confirma que el procedimiento “sigue avanzando”, pero en los hechos, el exfuncionario no pisa una celda, no enfrenta restricciones severas de movilidad y tampoco existe una percepción pública de reparación del daño o castigo proporcional frente a las acusaciones que pesan sobre ex integrantes del carrerismo.
Reproducción autorizada citando la fuente: Quadratín SLP
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