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SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 20 de octubre de 2018.- Los desafíos en materia de justicia penal electoral, contemplan la necesidad de endurecer los castigos que marca la ley para las personas que incurren en delitos electorales, toda vez que actualmente, hay condiciones que permiten que con cierta facilidad se cometan delitos electorales en un marco de impunidad.
Esto lo indicó el Coordinador de asesores de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Jorge Lumbreras Castro, quien recordó que la Fiscalía buscará ante el Senado de la República una reforma constitucional para modificar la gravedad de algunos delitos electorales y tipificar otras conductas que aún no están legisladas.
En su visita a San Luis Potosí, para participar en el seminario Las Elecciones de 2018: Elaboración de Diagnóstico y Propuestas de Reforma Electoral, Lumbreras Castro señaló que «la mayoría de los delitos electorales no son graves, y algunos supuestos que pueden incidir en un proceso electoral ni siquiera están contempladas en la ley, por ejemplo la probable intromisión de la delincuencia organizada para evitar la candidatura de una persona o la violencia política por razón de género; de ahí la importancia de una reforma constitucional en esta materia, donde algunos delitos adquieran el estatus de grave y otras conductas sean tipificadas como nuevos», manifestó.
El funcionario detalló que del proceso electoral de 2018 resultaron a nivel nacional, tres mil 498 denuncias de hechos que sugieren la comisión de un delito electoral. De esa cantidad, 829 denuncias son del orden federal y dos mil 669 del fuero común.
En ese contexto, Lumbreras Castro reconoció que una de las deficiencias del actual sistema de Justicia penal electoral, es el rezago de los tiempos en los que se aplica una pena correspondiente a un delito electoral.
De tal suerte, el representante de la FEPADE señaló que también es importante que se agilice el proceso de resolución de un juicio electoral, y que además los delitos sean vinculantes a los resultados de las elecciones.
«Luego resulta que después de seis meses se aplica una sanción a quien cometió un delito electoral pero el resultado de la elección ya no se modifica, hay que trabajar en ello, es uno de nuestros retos», sentenció.