Tres meses de impunidad por daños al Congreso y Fiscalía de SLP

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 5 de septiembre de 2020.- Este día se cumplen tres meses de los hechos en los que resultaron dañados los edificios de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la sede del Congreso Potosino, durante una protesta contra abusos policiales; diversos grupos aseguran que el caso sigue impune porque no se ha detenido a los verdaderos culpables.

Como se recordará, el 5 de junio pasado se convocó a una marcha a través de las redes sociales para protestar por el asesinato del joven jalisciense, Giovanni López, quien murió a manos de policías estatales de Jalisco, el punto de reunión fue la Plaza de Armas, desde ahí la mayoría de jóvenes participantes se enfilaron hasta las oficinas de la Fiscalía General del Estado (FGELSP) y causaron daños al edificio e incendiaron una patrulla de la Policía Municipal de Soledad de Graciano Sánchez.

Luego regresaron a la Plaza de Armas y comenzaron a rayar las paredes del Congreso estatal y forzaron las rejas para ingresar a causar destrozos, rompieron los cristales, tiraron mobiliario, equipo de cómputo y papelería, después los amontonaron y los quemaron junto con una bandera de México.

En tal fecha fueron detenidos 13 jóvenes, pero siete fueron puestos en libertad y solo se les finco una falta administrativa, entre ellos dos menores de edad de nombres Sebastián N. (identificado como “Mono Blanco”); el 6 de junio la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí abrió una carpeta de investigación por estos hechos y el 7 de junio fueron vinculados a proceso solo dos mujeres y un hombre.

El lunes 3 de agosto elementos de la Policía de Investigación detuvieron a siete personas como presuntos responsables -seis hombres y una mujer- por los delitos de motín y de daño en las cosas.

Defensores de Claudia, una activista vinculada a proceso por estos hechos, aseguraron que no se había detenido a los verdaderos responsables y aportaron pruebas documentales a la investigación, señalando como culpables a cuatro sujetos identificados como Porro Fifí, Quema banderas, Naranjillo y Mono Blanco.

Rosario Torres Mata, presidenta de la Asociación Fe y Esperanza para Víctimas del Delito Christian, quien está defendiendo a Claudia N. y Roxana N.  dijo a Quadratín que se detuvieron a personas inocentes y pidió que se detenga a los  verdaderos presuntos; “Lo que hace falta  en este caso es aplicar la verdad y la justicia, los videos son la prueba, están  mostrado a quienes son las personas, pedimos que no sean perseguidos los activistas”, dijo Torres Mata.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, conoció ya de este caso pues fue informado por algunos defensores de las activistas, quienes resaltaron que esto se trató de un acto auspiciado desde el mismo poder; “En alianza con los grupos violentos y golpistas, la instrucción es no tocar a los violentos y promotores de la violencia”.

Existen dos amparos federales en curso tramitados para las activistas arriba citadas.