
Registra SLP caída del 25% en valor de producción de la construcción
SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 23 de octubre de 2019.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Gustavo Puente Orozco, informó que el actual valor comercial de los terrenos en los que se instalaría la planta armadora estadounidense Ford es de dos mil 200 millones de pesos, cuando en realidad se compró por la cantidad de mil 27 millones de pesos.
Aseguró que no existe en el país un terreno con las características del espacio que abarca más de 280 hectáreas, el cual cuenta con gas natural, línea morada de agua tratada, vía ferroviaria, 80 hectáreas de despalme, plataforma y una vía principal carretera.
Indicó que el gobierno estatal deberá ser muy responsable al ofrecer la propiedad a otros inversionistas; las empresas interesadas tendrán que fortalecer las regionales y que puedan atraer a otras empresas, pero solo dos o tres podrán ocupar el terreno.
Puente informó que hasta el momento, hay ocho empresas interesadas que se encuentran frenadas de firmar convenios con el Gobierno del Estado ya que aún no hay convenio entre México y los países de Norteamérica (Canadá y Estados Unidos).
“De las empresas interesadas hay dos proyectos que ya conoce el Gobierno Federal”, señaló.
Recordó que, aunque se esperaba el impulso económico con la instalación de la planta y la generación de dos mil 800 empleos directos, parte del dinero que dio Ford por rescindir el convenio sirvió para impulsar programas educativos.
«La empresa construye y en enero de 2017 decide cancelar, el acuerdo de salida que teníamos para ambos casos era muy claro; era la misma cantidad, se pagarían 65 millones de dólares si algunos de las dos partes no cumplían, nunca pensamos que ellos cancelarían”, aceptó.
Con ese dinero equivalente a mil 169 millones de pesos, el Gobierno del Estado cubrió el costo de terreno equivalente a mil 27 millones de pesos, una parte fue programas educativos y el resto se destinó a las finanzas del estado.