Presupuesto histórico: el reto de los pueblos indígenas y afromexicanos
SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 19 de enero de 2025.- Llegar a casa y encontrar un vehículo estacionado frente a tu vivienda puede ser un detonante de frustración inmediata. La escena es común en cualquier calle mexicana y, con frecuencia, desata tensiones vecinales. Sin embargo, detrás de esta situación subyace un problema más profundo: la falta de entendimiento sobre qué significa el espacio público y los derechos que realmente tenemos sobre él.
Contrario a la percepción de que el espacio frente a nuestra casa nos pertenece, la Norma Oficial Mexicana sobre espacio público, emitida por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), aclara que calles y banquetas son bienes comunes. Esto significa que ningún ciudadano puede apropiarse de ellos, mucho menos apartar lugares con conos, cubetas o cadenas.
El Reglamento de Tránsito, vigente en muchas ciudades del país, refuerza este principio: bloquear entradas o salidas de cocheras constituye una infracción, pero no otorga propiedad sobre ese espacio. Las multas para quienes infringen esta norma pueden oscilar entre 10 y 20 UMAs, es decir, entre mil 013 y dos mil 026 pesos.
Pero el problema va más allá de lo que dicta la ley. En un contexto donde la cultura cívica muchas veces se queda corta frente a las necesidades urbanas, estas reglas se enfrentan a una realidad caótica: calles saturadas, infraestructura insuficiente y un tejido social que frecuentemente prioriza el interés individual sobre el bien común.
¿Es justo entonces que las banquetas y calles sean de uso libre? Sí, en principio. Sin embargo, las excepciones nos recuerdan que el espacio público también puede ser regulado en casos específicos, como cajones asignados a personas con discapacidad, zonas de carga y descarga o espacios para servicios de emergencia.
Más allá de las normas, esta discusión nos invita a reflexionar sobre el modelo de ciudad que estamos construyendo. La apropiación del espacio público no solo es un problema de legalidad, sino de convivencia y respeto. Garantizar su uso equitativo implica entender que nuestras acciones —desde estacionar un coche hasta apartar lugares— tienen un impacto colectivo.
¿Es posible cambiar esta realidad? Sí, pero requiere un esfuerzo conjunto que vaya más allá de multas y sanciones. Se necesita educación cívica, mejores políticas de urbanismo y, sobre todo, un compromiso social que privilegie el bien común sobre las necesidades particulares.
En una ciudad, la calle no tiene dueño. Pero lo que sí podemos poseer es la responsabilidad de convivir mejor en ella.