Proponen endurecer castigo al feminicidio y ampliar causales en SLP

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 25 de agosto de 2026.- Una iniciativa presentada en el Congreso del Estado plantea endurecer las sanciones por feminicidio en San Luis Potosí, ampliar las circunstancias que permitan acreditar razones de género y establecer reglas especiales para su investigación.

La propuesta, impulsada por la diputada Sara Rocha Medina, contempla reformar los artículos 135 y 135 BIS, además de adicionar el 135 TER del Código Penal del Estado.

Entre los cambios destaca incorporar como razón de género que exista o haya existido una relación de parentesco, afecto, docencia, laboral, amistad, confianza, subordinación o superioridad entre la víctima y el agresor.

También se considerarían los antecedentes de violencia sexual, física, psicológica, patrimonial o económica, así como amenazas ocurridas en ámbitos familiares, laborales o escolares, incluso cuando no hubieran sido denunciadas previamente.

La propuesta incorpora además como agravante que el feminicidio ocurra en un contexto de subordinación o asimetría de poder, que esté motivado por prejuicios relacionados con la orientación sexual, expresión de género o características sexuales, o cuando la víctima se encuentre en estado de indefensión.

Hasta 70 años de prisión

Uno de los cambios de mayor impacto sería el incremento de la pena, que pasaría del rango actual de 40 a 60 años de prisión a uno de 50 a 70 años.

La iniciativa también plantea restringir beneficios y mecanismos procesales para las personas sentenciadas por feminicidio, además de establecer que la acción penal, la sanción y la reparación integral del daño sean imprescriptibles.

Para los casos de feminicidio en grado de tentativa, se propone que la pena no sea menor a la sanción mínima establecida para el delito consumado.

Otro de los puntos centrales establece que toda muerte violenta de una mujer deberá investigarse con perspectiva de género y bajo la hipótesis de feminicidio, conforme a protocolos especializados.

El Ministerio Público, además, tendría que identificar y medir el nivel de riesgo de la víctima de acuerdo con el contexto de violencia y las características de la persona imputada, para determinar las medidas necesarias para proteger su integridad.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Primera de Justicia para su análisis, por lo que las modificaciones todavía deberán ser discutidas y, en su caso, aprobadas por el Congreso del Estado.