Proponen crear en SLP registro público de personas agresoras sexuales

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 26 de noviembre de 2022.- Con la finalidad de crear el Registro Público de Personas Agresoras Sexuales del Estado de San Luis Potosí, la diputada Cinthia Segovia Colunga presentó una iniciativa que propone modificaciones a diversos artículos del Código Penal del Estado; a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; a la Ley del Instituto de las Mujeres del Estado; a la Ley del Centro de Justicia para Mujeres del Estado; y a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. El Registro contendrá información general de personas condenadas y sancionadas en un procedimiento penal por una sentencia ejecutoriada, que será de acceso público.

Señala que se busca la aplicación de  acciones afirmativas para lograr la protección de la integridad física y psicosexual mediante la creación de un Registro Público de Personas Agresoras Sexuales del Estado de San Luis Potosí, instrumento que será un dispositivo de prevención y protección para disminuir el riesgo de incidencia y reincidencia de conductas de violencia sexual contra las mujeres, ante delitos de índole sexual como violación, abuso sexual, estupro, hostigamiento o acoso sexual, protegiendo a las víctimas o potenciales víctimas.

Segovia Colunga indica en la iniciativa, que con estas modificaciones se estipula la obligación para que el Sistema Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres planeé, elabore, implemente, desarrolle, administre, monitoreé, y mantenga actualizado el Registro Público de Personas Agresoras Sexuales del Estado de San Luis Potosí.

Las autoridades que tendrán atribuciones respecto la información contenida en el registro, serán: el Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí; el Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí; y el Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. El registro estará conformado por personas que hayan sido sancionadas mediante sentencia ejecutoriada.

En el caso del Poder Judicial del Estado, serán los titulares de los juzgados y tribunales en materia penal, así como especializados en violencia familiar contra la mujer, quienes proveerán a través de sus resoluciones al Instituto de las Mujeres del Estado sobre personas que hayan sido sancionadas mediante sentencia ejecutoriada. En consecuencia el Instituto de las Mujeres, tendrá la obligación de generar un registro con cada una de las personas que así determine la autoridad jurisdiccional competente. La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis.