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San Luis Potosí capital entre 25 ciudades más inseguras del país: ENSU
SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 10 de marzo 2020.- Ante el ataque físico que recibió un elemento policiaco al ser asaltado en días recientes afuera de su domicilio, el director del Instituto Jaime Flores Escamilla -que apoya a los elementos de seguridad pública en el estado-, Jesús Luévano Rivera, comentó que su seguro no los cubre de las golpizas.
Subrayó que la ciudadanía no puede vivir de forma segura ya que ni los propios elementos encargados de vigilar el orden lo están.
Asimismo, denunció las malas condiciones a las que están expuestos, ya que el efectivo golpeado brutalmente no fue cubierto por su seguro, lo que le impidió salir del hospital hasta que no pagara la cantidad de 25 mil pesos.
“El compañero iba saliendo de su domicilio en compañía de su hermano al cual le dieron un balazo en el pie y al policía lo golpearon, se resistió al robo y ahí están las consecuencias, ni los policías están seguros, ¿para qué nos hacemos?”, preguntó.
“No hay seguridad en las calles, aquí hay un responsable que tiene que dar la cara y el Gobernador (Juan Manuel Carreras López) debe de enterarse de esto, ya ni los mismos policías están seguros, yo me pregunto ¿a dónde vamos a parar?”.
Luévano asegura que una vez más se evidencia el trato irregular al que someten a los policías ya que no hay seguro que cubra las necesidades que tienen.
“Ya basta que nos sigan tratando como animales o hasta peor porque los diputados sí se preocupan por los animales y hasta les hacen leyes que los protegen; pero a los policías nos dejan sin ley, hemos sido olvidados durante muchos años”, aseveró.
Expuso que él mismo acudió al nosocomio para sacar a su compañero ya que las autoridades hospitalarias estaban incurriendo en privación ilegal de la libertad al retenerlo y citó a la oficial mayor, Ada Amelia Andrade Contreras para que se haga responsable de los gastos del elemento policiaco debido a que tiene señalamientos por los malos seguros para los efectivos.
“Tuvimos que acudir y le hicimos ver a las autoridades del hospital que no tenían por qué retenerlo, eso era una privación ilegal de la libertad. La oficial mayor está obligada por ley a pagar las incapacidades totales, parciales y permanentes y no lo está haciendo, por eso tiene que responder”, subrayó.
El director del Instituto Jaime Flores Escamilla dijo que el juicio político en contra del secretario de Seguridad Pública, Jaime Pineda Arteaga que solicitó al Congreso del Estado debe prosperar y agregó que hasta el momento no ha recibido notificación alguna de que haya sido rechazado.
“Está en trámite, vamos a confiar en los diputados de que esto salga avante y resulte de manera positiva para las víctimas”, finalizó.