
Aumentan parejas interculturales por redes sociales y migración en SLP
SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 22 de febrero de 2019.- La magistrada Adriana Monter Guerrero, quien denunció ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) al Presidente del Poder Judicial de San Luis Potosí, Juan Paulo Almazán Cué, ratificó que se mantiene en pie de lucha por recuperar sus derechos laborales, tras haber sido removida ilegalmente de su cargo como magistrada y como Secretaria General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia (STJE).
Este martes, el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Juan Paulo Almazán Cué, negó incurrir en violencia institucional en razón de género en contra de la magistrada, argumentando que las decisiones del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, son tomadas por los Plenos como órganos colegiados.
En respuesta, Monter Guerrero, dijo que es lamentable que el Presidente del Poder Judicial niegue lo que documentalmente existe, aunque para ella, Almazán Cué prácticamente dijo que la violencia institucional y la ilegalidad en la remoción de su cargo, fue consensuada en los Plenos del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura Estatal.
«Si él dice que la decisión no fue unilateral, sino unánime, pues entonces la violencia está peor, prácticamente está diciendo que es colegiada la violencia», lamentó Monter Guerrero.
La magistrada reiteró que continuará con los trámites legales que sean necesarios hasta recuperar sus derechos laborales. En ese sentido, dio a conocer que en la Comisión Estatal de Derechos Humanos le han señalado que el desahogo de la queja en contra de Almazán Cué, es muy complejo al tratarse del titular de uno de los tres poderes del Estado.
Aún así, se dijo creyente de las instituciones y de la justicia, y llamó por último al presidente de la CEDH, Jorge Andrés López Espinosa, a dar agilidad a su queja, y sobretodo a que no permita la intromisión de Almazán Cué en este caso.