El Listón Amarillo
La historia Ulises comenzó como anécdota, y terminó exhibiendo un pútrido sistema recaudatorio. Ocurrió en el Centro Histórico de la capital potosina, durante uno de los fines de semana más concurridos del año: viernes 3 de abril, previo a la Procesión del Silencio y en pleno periodo vacacional de Semana Santa.
Nueve de la noche. En compañía de un grupo amigos universitarios llegó a departir en La Oruga y la Cebada, un famoso restaurante del pasaje San Francisco. La vida nocturna de la capital estaba en su apogeo: turistas nacionales y extranjeros, familias recorriendo la Plaza Aranzazú, quinceañeras en sesión de fotos, todos parte de una postal típica en la zona.
Transcurrieron tres horas y se despidió para ir a casa. La algarabía nocturna abandonó su estómago y llegó la ansiedad, cuando llegó a la calle Galeana y el lugar donde había estacionado su camioneta, estaba vacío. Temió un robo, corrió de regreso con sus compañeros, buscó ayuda. Entonces llegó una segunda ausencia, la tercera, cuarta, y seguía.
Lo que inició como una preocupación individual a la media noche, se convirtió en enojo e incertidumbre colectiva: al menos 14 unidades desaparecidas en dos cuadras a la redonda, no había rastro, tampoco agentes viales, nadie que diera explicaciones.
En una primera llamada al 911 les pidieron “revisar bien” si su auto no estaba en la zona, y pasó casi una hora para que el padre de uno de los afectados diera con su Jetta color azul, montado en una unidad de la empresa Grúas Oro, sobre avenida Constitución.
Los operadores parecían no escuchar, no hablar y no ver, su respuesta fue seca: “vayan a la autoridad el lunes porque es puente, no lo podemos bajar, recibo la orden y yo me lo llevo, pero conmigo no se arreglan”, y siguió, como Pacman, para seguir tragando carros a su paso.
La excusa fue la misma para todos, nunca una explicación clara, sobre el paradero de los vehículos y tampoco la razón para llevárselos, la corporación responsable de la vialidad capitalina no informó cuál era la falta que habían cometido, mucho menos entregaron una boleta de infracción.
Lo único claro para los afectados fue que el tiempo les jugaba en contra: podrían saber qué ocurrió e intentar recuperar su unidad hasta el lunes 6 de abril. Arrastre. Maltrato. Corralón. Saqueo. Puente. Dinero. Recaudación.
Y llego el lunes con un nuevo cuadro: una fila de 64 personas en el módulo conocido como “Charco Verde”, todas las historias similares. Vehículos remolcados en distintos puntos del centro histórico el viernes 3 de abril, la cadena humana no evidenciaba el éxito de un operativo vial, sino un patrón de excesos con fines recaudatorios.
Ulises respiró aliviado cuando fue su turno y solo había que pagar 375 pesos por concepto de “devolución de vehículo”, previa demostración de propiedad con una factura. En el documento recaudatorio no de desglosó ninguna infracción vial.
El impacto vino después, porque al llegar a la empresa de grúas había que pagar 6740 pesos si quería llevarse su vehículo a casa. El negocio nunca estuvo en la multa, sino en el traslado y tres días de pensión. Es una proporción que no puede pasar desapercibida, es decir, mientras el Ayuntamiento obtiene una cantidad fija menor, hay un incentivo claramente inclinado para favorecer a esa empresa, que además infla los precios cuando acude a prestar servicios por “operativos municipales”.
Y ya surgen rudos cuestionamientos, como el del grupo de abogados que lidera Andrés Piña. Él acusa públicamente los presuntos “acuerdos” entre la compañía particular y las autoridades municipales. Pero, hasta ahora, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no ha salido a decir esta boca es mía.
¿Cómo explicarían el nivel de ensañamiento con el bolsillo de las familias? Solo imaginen, entre los afectados la noche de la misteriosa desaparición estaba un padre de familia que salió a celebrar con su hijo por haber recibido su primer sueldo como despachador de gasolinera. Era su primer salario en meses, estuvo casi medio año desempleado.
Su vehículo, un modesto Derby de modelo rezagado, también se esfumó. Recuperarlo implicaba pagar lo que había ganado en toda la semana y pedir adelantada la siguiente.
Y como ellos, 64 historias, solo ese lunes. Este tipo de reportes se repite cada fin de semana bajo esquemas similares: retiro de unidades sin explicación, sin boleta, ausencia de información inmediata y excesivos costos para su recuperación.
En ese entramado, los corralones y servicios de grúas se convierten en una especie de mafia operativa bajo el cobijo de corporaciones policiales, donde los cobros son totalmente desproporcionados y golpean con más potencia a los más vulnerables.
No hay resquicio de duda: en la capital potosina opera un esquema bien articulado con la tolerancia y/o complicidad de la autoridad municipal, y particularmente en la monogámica relación con una sola empresa de arrastre.
Al inicio de esta administración municipal, propietarios de otras empresas gruyeras compartieron “en corto” muchas presiones económicas para poder ser considerados proveedores del Ayuntamiento. Y no se trata de acusaciones formales en este espacio, pero son testimonios irrefutables, que se repiten y exhiben un patrón que debería investigarse.
Donde hay flujo de personas, hay flujo de vehículos y también de ingresos, pero el problema no acaba con el cobro: a las denuncias por abusos económicos se suman reportes de daños a vehículos durante el arrastre, robo de autopartes, documentos y hasta ordeña de gasolina. Nadie responde por eso ni están sometidos a la verificación de ninguna autoridad.
No hacen falta preguntas rebuscadas ni tan profundas, el cuestionamiento es simple: ¿quién regula a los concesionarios de grúas? Porque si bien existen normativas que considera multas, arrastres y resguardos, la forma en que aplican estas leyes es bastante retorcida, sin transparencia ni criterios claros. Por decir lo menos, con bastante margen de discrecionalidad.
El misterio no es solo la desaparición de autos, sino el rastro de un problema más grave y con tintes de un hambre inexplicable por recaudarle dinero al Gobierno Municipal.





