Entre amenazas y tensiones eligen a Alcaldesa interina de Tancanhuitz
SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 22 de febrero de 2019.- A través de la plataforma change.org, empleados del Programa Componente de Salud Prospera, aseguran que el pasado 8 de febrero, la Comisionada Nacional de Protección Social en Salud, Ivonne Cisneros Luján, anunció a las Secretarías de Salud de los estados del país la desaparición de ese componente para reorientar su presupuesto, es decir, que habrá cambios en las reglas de operación y con ello, se teme que miles de trabajadores a nivel nacional se queden sin empleo definitivamente.
En San Luis Potosí, entre 300 y 400 personas, entre médicos, enfermeras, nutriólogos, psicólogos, trabajadores sociales y personal administrativo, se quedaron sin empleo, hasta que se definan las nuevas normas de operación, a más tardar a fines de febrero.
En el texto que acompaña a la solicitud de firmas, los trabajadores que promueven la petición señalan que hay personas con más de 18 años de antigüedad, que han mantenido esquemas de contratos precarios, además de ser excluidos de varios procesos de regularización, homologación o bases.
Afectados señalan que ante la incertidumbre y la falta de información por parte las autoridades federales, han decidido solicitar la continuidad de sus trabajos: «Si bien no del Programa, al menos si nuestros empleos, no por capricho y terquedad, por necesidad de nuestra sociedad (sic)”.
Quienes firman la petición, sostienen que con el Programa Componente de Salud de Prospera, se da el cumplimiento de citas médicas de seguimiento a personas de grupos vulnerables, y talleres para el autocuidado de la salud, es decir, labores de reforzamiento de una cultura de prevención en salud.
Para poder reforzar las atenciones en las unidades médicas de los servicios estatales de salud, detalla la petición, el Componente de Salud Prospera contempla la operación de unidades médicas y unidades móviles para acercar los servicios de salud a las localidades más alejadas, lo cual evita a la población gastos considerables al no tener que ir por su cuenta a las clínicas que están muy alejadas de los lugares donde habitan.
Para dichas labores, el financiamiento del programa permitía la contratación de miles de médicos, enfermeras, promotores de la salud, nutriólogos, psicólogos, trabajadores sociales y personal administrativo en todo el país, que ahora no tiene certeza laboral.
Por ello, reiteran, se pide la asignación de recursos que garanticen la contratación, recontratación y continuidad laboral del personal, así como el recurso para la operatividad de las Unidades Médicas y Unidades Móviles, así como la inclusión y participación de los procesos de homologación, regularización y bases anunciadas por el Gobierno Federal.
Hasta este 21 de febrero, la petición acumulaba más de 3 mil 600 firmas.