La Pica

Ya veremos si respinga el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, por la carga de culpa que le achacan las autoridades de San Luis Potosí, con la nueva ola de muertos en las zonas limítrofes de ambos estados.

Según sostiene Alejandro Leal Tovías -quien cobra como Secretario General de Gobierno-, más de una veintena de cadáveres ha sido arrojada por zacatecanos a tierras tuneras, como parte de una disputa territorial que tiene bañada en sangre a esa zona.

Puede que no le falte razón, ya que la entidad vecina está por encima de la nuestra en crímenes, pero de ahí a afirmar que tiran los cuerpos de este lado, habla de la poca diplomacia, por decir lo menos, del funcionario.

Hasta donde se sabe, porque así lo revelan las autoridades federales, en aquellos lares la cruenta disputa se da entre los cárteles Del Golfo, Del Noreste y Los Talibanes. Y los mismos coinciden en ese espacio de San Luis Potosí, de acuerdo a lo que dijo hace unos meses el secretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán.

Por lo mismo, ¿qué ganarían los criminales con traer los cuerpos a San Luis?

El Congreso del Estado ya había dado suficientes muestras de no saber legislar, pero con lo ocurrido ayer, se voló la barda.

Resulta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó invalidar la nueva Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, porque no hubo consulta a los pueblos y comunidades indígenas, ni a las afromexicanas asentadas aquí, argumento que fue suficiente para echar abajo un trabajo que duró meses y costó un dineral.

Recordemos que el entonces presidente de la Mesa Directiva, Martín Juárez Córdova informó a finales del año pasado, que iban a llevar a cabo foros de consulta pública por la friolera de seis millones de pesos, pero se le olvidaron estos sectores de la población potosina.

Y la pregunta sigue en el aire: ¿para qué quieren tantos y tan caros asesores, si muchas de las actuales normas han sido invalidadas por la Corte?

Si no lo creen, pregúntenle a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) cuántas impugnaciones ante la SCJN resultaron a su favor en contra de este Congreso infumable.

Supongamos que el secretario de Seguridad Pública, Jaime Pineda Arteaga, está más preocupado por la vigilancia del Parque Tangamanga que de los muertos en San Luis-Zacatecas, pero es que tiene meses que nada le sale bien.

Para muestra, la nueva modalidad de asaltos en exclusivos fraccionamientos, que de tan comunes que se han vuelto, dejaron de ser noticia y de eso se vale el funcionario para desviar el tema.

Clientes son los habitantes del Club de Golf La Loma y el pasado sábado, los de Lomas, y ayer le tocó el turno nada menos y nada más, que a los vecinos del alcalde de Ciudad Valles, Adrián Esper Cárdenas, en Lomas del Yuejat, con todo y caseta de vigilancia y cámaras, como hay aquí en la capital.

Está claro que esos cuantiosos atracos no son producto de la casualidad, ni de simples ladrones, sino de gente que tiene estudiado todo, pero la Policía Estatal no termina de hallar la cuadratura al círculo.

Sin embargo, para entrar a la mansión de Esper -con helipuerto y vista privilegiada al Río Valles-, se debe pasar otro filtro, que si no…