La Pica

Las empresas deberán prepararse económicamente, porque uno de los acuerdos tomados por la Conferencia Nacional de Gobernadores es que todas sin excepción apliquen pruebas de Covid 19 a sus trabajadores, a fin de garantizar entrar de lleno a la nueva normalidad.

Es decir, el Estado Mexicano trasladará al sector productivo el costo y operación de esta política que debió implementar desde el día 1 de la llegada del virus, pero nunca hizo caso, a tal punto que en días pasados le mereció un señalamiento de la OMS.

El caso es que los empresarios serán avisados de tal decisión y deberán compartir los resultados a las autoridades sanitarias estatales para la vigilancia epidemiológica respectiva.

Y eso es apenas una de las letras chiquitas de esta reunión, a propuesta del gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, quien coordina la Comisión de Desarrollo Económico de la Conago.

Tarde, pero sin sueño, así puede calificarse la publicación del Diario Oficial de la Federación (DOF), que ayer informó la firma de un convenio de colaboración con el Gobierno del Estado, para dotarlo de poco más de ocho millones de pesos para el Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica S200.

Dicho en otras palabras, se trata de la estrategia que llevan a cabo las entidades federativas con recursos federales para llevar servicios de salud a través de caravanas, a poblaciones menores a dos mil 500 habitantes.

Lo curioso es que el acuerdo data de marzo y fue firmado por Asa Ebba Christina Laurell, quien inclusive dejó el cargo de subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud, por diferencias con Hugo López-Gatell y el secretario Jorge Alcocer.

Pero lo importante es que ya llegó un mejoralito.

Según se supo, Real de Catorce estrenará una espectacular tirolesa de 500 metros de largo y a 500 metros de altura, en el famoso Cerro de la Crucifixión.

De momento no se conocen los detalles sobre la empresa que estará a cargo y si ya tiene los permisos respectivos. Llama la atención el anuncio, porque el Gobierno del Estado ha estado parado en los últimos meses por la pandemia y no ha hecho mayores trámites, ni siquiera los más mínimos.

¿Cómo fue entonces que se aprobó un proyecto de esta magnitud?, porque deberían estar involucrados la Segam por el impacto ambiental, y Protección Civil, por la seguridad, entre otras dependencias.

Lo cierto es que este Pueblo Mágico se quiere poner a la vanguardia en materia de atractivos turísticos y la tirolesa parece perseguir ese propósito.

Nada más que transparenten los acuerdos, porque así en lo oscurito causa mucho sospechosismo.