La Pica

Los gallos del gobernador Juan Manuel Carreras López, en quienes de momento están cifradas las esperanzas del PRI, para mantener la gubernatura en 2021, se presentaron con él ayer en la conferencia mañanera potosina para dar a conocer el inicio formal de la fase 3 de la pandemia del Covid 19 en la entidad.

A su derecha estaba la secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez, quien tiene a su cargo la salud de 2.8 millones de habitantes en el estado; a su izquierda, el secretario de Educación, Joel Ramírez Díaz, a cargo de velar por 900 mil estudiantes de todos los niveles educativos y 50 mil maestros.

Hay, entre los aspirantes, quienes quisieran estar en sus zapatos, pero la realidad es que a ellos les tocó la papa más caliente de la contingencia sanitaria.

La carrera priista por la candidatura ya comenzó, y en breve se sumarán los que manejan el dinero público (Daniel Pedroza Gaitán, Finanzas), el fomento al empleo (Manuel Lozano Nieto, Trabajo) y la atracción de inversiones (Gustavo Puente Orozco, Desarrollo Económico).

¿Alguien dijo que el PRI estaba muerto?

Tarde, pero sin sueño, el diputado Eugenio Govea Arcos presentó una iniciativa de reforma el Código Penal potosino para sentenciar hasta con nueve años de cárcel y 39 mil 39 pesos a quien ataque al personal médico durante la pandemia del coronavirus.

La idea es buena, como todas las que se han puesto sobre la mesa en el país; el problema es que los tiempos del Congreso del Estado están peor que el elefante reumático al que alude el presidente Andrés Manuel López Obrador cada que habla de la ineficiencia en la administración pública federal y así no se puede.

Para cuando esta propuesta sea dictaminada, votada y elevada al pleno, a lo mejor se terminó la contingencia sanitaria.

Y ya para qué.

La oportunista aprobación de la Ley de Amnistía en el Senado de la República -otro punto a favor del operador político morenista, Ricardo Monreal Ávila-, aparte de confusa, no parece contar con la venia de los gobernadores.

Al menos eso se deduce de la negativa del gobernador Juan Manuel Carreras López a soltar siquiera a un preso de ninguna cárcel de San Luis Potosí.

El mandatario -que no tiene representación política en la Cámara alta, porque los senadores son de PAN, PRD y Morena- fue muy claro al decir que en la entidad no habrá ningún delincuente sentenciado suelto en las calles y que para eso tienen un estricto monitoreo de sus condiciones de estancia y salud.

Ahí tiene la respuesta que esperaba el presidente de la Fundación Renace, José Mario de la Garza Marroquín, quien proponía la excarcelación de los presos «no peligrosos».