SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 12 de febrero 2020.- San Luis Potosí es una de las entidades del país sin una fiscalía especializada, unidad o delegación contra la tortura en agravio de civiles, como marca su ley orgánica, en medio de crecientes acusaciones contra cuerpos de seguridad pública que mantienen estas prácticas en el estado.

Según el artículo 11, fracción II, inciso C, de la citada ley, la Fiscalía General del Estado (FGE) está obligada a crear un espacio institucional para tales prácticas de corporaciones municipales, estatal, de investigación, Guardia Nacional y Ejército Mexicano.

El titular de la FGE, Federico Garza Herrera, afirmó que legalmente no hay motivo de obligatoriedad, dado que pueden integrar este organismo al área de Derechos Humanos.

“De conformidad con nuestra ley orgánica podemos formar fiscalías especializadas, delegaciones o algunos fiscales especializados en esas áreas, la propia ley establece que pueden ser algunas otras; es el mismo hecho que se da en el caso de especializada con asuntos indígenas, nosotros tenemos una delegación específica que está en Tancanhuitz y ellos se encargan de estos temas”, citó.

De tal suerte, no se considera necesaria la creación de un espacio que atienda específicamente denuncias contra servidores públicos del ámbito de seguridad; con todo y los casos registrados en San Luis Potosí durante los últimos años, uno de ellos en Ciudad Valles, donde miembros de un grupo conocido como Los Talibanes, torturaron y dieron muerte a un adolescente en mayo de 2018.

Tampoco ha sido presión para la FGE, que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) -en voz de su titular Jorge Vega Arroyo- haya dado cuenta de más hechos de tortura y agresiones de uniformados hacia ciudadanos, incluso de algunos donde fue necesario activar protocolos de resguardo y seguridad, para que agentes de seguridad cuidaran a ciudadanos de otros elementos, acusados de haberles torturado.

Pese a todo, el fiscal Garza Herrera garantiza que la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos tiene bajo control el seguimiento de todos los asuntos.

“Tenemos todo lo que tiene que ver con amenazas a reporteros, lo que son personas desaparecidas, con migrantes, con secuestros, todo está sumado; sí, tenemos las representaciones, pero no lo tenemos como de alguna manera lo tienen otras entidades”, aceptó.