Fernando Gámez Macías renunció a la Procuraduría Urbana desde enero 2024

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 13 de octubre de 2026.- Documentos oficiales del Gobierno del Estado acreditan que el diputado local Luis Fernando Gámez Macías presentó su renuncia voluntaria e irrevocable a la titularidad de la Procuraduría Urbana el 29 de febrero de 2024, con efectos a partir del 1 de marzo de ese año, en respuesta a los señalamientos del alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos sobre su paso por la administración estatal.

Cuatro documentos administrativos respaldan la separación del entonces funcionario: la carta de renuncia, un memorándum de la Secretaría General de Gobierno (SGG), un aviso preventivo de suspensión de pago y el formato oficial de movimiento de personal.

Los registros coinciden en que la baja se tramitó por renuncia voluntaria y no consignan una causa distinta para su separación del cargo.

En el escrito dirigido al entonces secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, Gámez Macías manifestó que, por convenir a sus intereses, presentaba con carácter irrevocable su renuncia al puesto de titular de la Procuraduría Urbana del Estado, dependencia sectorizada a la SGG.

La solicitud fue recibida el mismo 29 de febrero de 2024 y turnada posteriormente a la Dirección General Administrativa mediante el memorándum SGG/0527/2024, suscrito por Mariana Cervera Rodríguez, entonces directora general técnica del despacho del secretario, quien solicitó realizar los trámites correspondientes para formalizar la separación del funcionario.

La documentación contradice los señalamientos atribuidos a Galindo Ceballos sobre la permanencia de Gámez Macías en el Poder Ejecutivo estatal y coloca en el centro de la controversia la situación administrativa del legislador, cuya salida de la Procuraduría Urbana quedó formalizada mediante el procedimiento de renuncia.

El intercambio de señalamientos ocurre en medio de las acusaciones contra el gobierno municipal por presuntos pagos a personas vinculadas con el Partido Acción Nacional (PAN), entre ellas un directivo y consejeros partidistas que, de acuerdo con los cuestionamientos planteados, figurarían en la nómina del Ayuntamiento sin que exista constancia de que desempeñen funciones efectivas.

Ante estos hechos, Gámez Macías planteó la realización de una auditoría especial y la promoción de un juicio político contra el alcalde capitalino, al considerar que los presuntos pagos irregulares podrían representar una afectación al erario municipal.

La controversia enfrenta así dos asuntos distintos: los señalamientos políticos sobre la trayectoria administrativa del diputado y la exigencia de esclarecer si existen pagos con recursos públicos a funcionarios municipales que no cumplen una labor acreditable.

Reproducción autorizada citando la fuente: Quadratín SLP
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