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SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 23 de septiembre de 2018.- Integrantes del comisariado ejidal de la Pila denunciaron intromisión de autoridades federales y estatales interesadas en bloquear el proceso de certificación de parcelas, solares, casas habitación, asientos de casas y otros terrenos que forman parte del ejido, cuyos dueños hasta el momento son posesionarios y esperan su título de propiedad.
Exigieron al magistrado del Tribunal Unitario Agrario Juan Rodolfo Lara Orozco y al delegado de la Procuraduría Agraria Felipe Aurelio Torres, delegado de la Procuraduría Agraria sacar las manos del proceso, ya que de lo contrario llevarán a cabo acciones de protesta como el bloqueo de la carretera 57 a las que se unirían los ejidos de Arroyos y Villa de Pozos, dado que aún les adeudan más de 300 millones de pesos por la construcción de esta vía federal.
Adrián Martínez López, presidente del comisariado ejidal de La Pila, explicó que el pasado 11 de septiembre en reunión con personal de la Procuraduría Agraria, se les notificó que no había impedimento alguno para llevar a cabo la «asamblea dura» para asignar y delimitar las tierras; sin embargo les notificaron sobre una medida precautoria para cancelar la asamblea.
«Nos notificaron 24 horas antes y nosotros no podíamos cancelar la asamblea, y en ese momento nosotros creíamos que todas las autoridades nos apoyaban como nos habían hecho saber autoridades agrarias y personal de gobierno del estado, pero no fue así»
Detalló que la medida precautoria derivó de la denuncia interpuesta por Eulogio López Delgado hermano de Tobías López que fue presidente del comisariado ejidal de la Pila en el período 2007-2010, por León Bravo Martínez, Rafael Luna Carranza y Cleofas Rosas Ávila quienes solicitan la nulidad del acta de asamblea donde se eligió a las actuales autoridades del lugar.
Los representantes ejidales manifiestan que hay una severa contradicción por parte de Juan Rodolfo Lara Orozco magistrado del Tribunal Unitario Agrario del vigésimo quinto distrito, pues luego de haber reconocido la legalidad de su asamblea y de la conformación del comisariado, ahora da entrada a una denuncia por desconocimiento.
Lo grave del asunto según refiere el presidente del comisariado Adrián Martínez López, es que el magistrado admitió y emitió la medida precautoria de forma incorrecta y con severas inconsistencias de tipo administrativas, por lo que en su opinión hay “mano negra” o “están comprando al magistrado y al titular de la Procuraduría Agraria Felipe Aurelio Torres Torres”, expresó el presidente del comisariado ejidal de La Pila.
Los ejidatarios decidieron interponer un juicio de amparo ante el Juzgado Primero de Distrito, en donde detallan una a una las omisiones y errores de la autoridad, pues aseguran que hay intereses económicos en el asunto.