SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 18 de septiembre 2020.- Un ex escolta del fiscal Federico Garza Herrera que el pasado 30 de mayo resultó herido en un ataque ocurrido en la colonia Progreso de la capital potosina -donde uno de sus compañeros perdió la vida-, fue dado de baja sin justificación, días después de haber salido del hospital.

José Luis «N», integrado a la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) explicó que días después de la agresión armada, lo visitaron mandos para solicitarle que no diera entrevistas y no hablara con nadie de lo sucedido, todo bajo la promesa de que su trabajo estaba seguro.

Su estadía en el nosocomio fue de cuatro días y al finalizar tuvo que pagar la cantidad de dos mil 500 pesos para poder salir; le dieron una incapacidad de 28 días y al reincorporarse, fue llamado a la oficina de Recursos Humanos donde le fue notificada una supuesta solicitud de baja de su parte, algo que argumenta es falso, porque es padre de familia de tres hijos y viene uno más en camino.

«Soy el único sustento de mi casa, es ilógico que yo mismo pidiera mi baja», aclaró.

Al ser notificado en distintas ocasiones, pidió audiencia con el fiscal Federico Garza, así como con su secretario particular y con el vicefiscal, sin obtener respuesta. De igual modo acudió con el director de la Policía de Investigación, José Guadalupe Castillo Celestino, pero todos ellos les dieron largas.

José Luis «N» atribuye lo sucedido a que aquel día en que sufrieron el ataque, salieron sin equipo de protección y sin arma de fuego cuando fueron sorprendidos por presuntos miembros del crimen organizado, mismos que días después fueron capturados.

Indicó también que teniendo más de un año dentro de la corporación nunca se le brindó un arma, incluso llegó a ser escolta del propio fiscal y de su familia, con la única indicación de que en caso de ser atacados, repelieran el ataque.

«Siempre les preguntaba cómo querían que nos defendiéramos si no teníamos arma».

El afectado afirmó que fue hasta que estaba en el hospital cuando le hicieron llegar su chaleco de protección contra impactos de bala.

Al ver que las autoridades para las que alguna vez trabajó le cerraron las puertas, el ex policía decidió proceder legalmente y aunque teme represalias, no cederá hasta lograr justicia.

«Me gustaría volver a mi trabajo, ya que soy el sustento de mi familia, si el médico dice que no puedo seguir, pues que se me pensione como corresponde, no pido ni más ni menos, solo lo que es», finalizó.