Espiaron 32 años al exgobernador potosino Gonzalo N. Santos

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 1 de agosto de 2019.- El exgobernador de San Luis Potosí, Gonzalo N. Santos, fue espiado durante 32 años -de 1953 a 1985- por la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), tiempo durante el cual, cometió presuntos abusos y violaciones a los derechos humanos, que deben ser escrutados por la sociedad, informó el Archivo General de la Nación (AGN), que estará obligado a entregar una versión pública de tales expedientes.

Consultado el AGN por Quadratín SLP Noticias, sobre el trabajo de inteligencia llevado a cabo en torno a la figura del general nacido en el municipio de Tampamolón Corona, San Luis Potosí, respondió que será posible acceder a todos estos archivos.

Santos es mencionado constantemente por el presidente Andrés Manuel López Obrador por haber dicho que la moral es un árbol que da moras, lo cual ve mal el mandatario tabasqueño y lo liga con la corrupción.

La Dirección del Archivo Histórico Central del AGN propuso no dar a conocer información que consideró «sensible» sobre Gonzalo N. Santos y todas las personas que para bien o para mal, se relacionaron con él, cuando estaba vivo.

Sin embargo, el Comité de Transparencia del propio AGN decidió que los potosinos tienen derecho a conocer todo lo investigado del político huasteco que gobernó al estado con mano de hierro en el sexenio de 1943 a 1949, hace exactamente 60 años.

Gonzalo N. Santos murió el 17 de octubre de 1978 a los 81 años de edad en la Ciudad de México y siempre fue miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El AGN dijo que cuenta con un «expediente ficticio que trata sobre Gonzalo Nicanor Santos, elaborado por la Dirección Federal de Seguridad, el cual contiene 161 hojas, mismo que se generó en el periodo que comprende de 1953 a 1985». Es decir, la DFS espió al militar, no durante su mandato, sino empezó cuatro años después y acumuló información sobre él siete años posteriores a su deceso.

«El expediente contiene diversos datos relacionados con su esfera más íntima, como lo es su ideología política», explica.

El llamado expediente ficticio del AGN se refiere a una selección de documentos relacionados con un tema o personaje que se encuentran en los fondos de la DFS y la DGIPS, y no están organizados o descritos por asunto.

La larga investigación contiene no sólo la ideología de Santos, sino la opinión política atribuida a diversos individuos involucrados, sus nombres, domicilios y datos que por su sensibilidad, no serán expuestos ante la opinión pública.

Pero sólo se mantendrá en reserva tal información en el caso de ciudadanos, profesores, detenidos, procesados, condenados, involucrados en procesos judiciales, víctimas del delito, ofendidos, conferencistas, estudiantes, militantes y sacerdotes que aparecen en los documentos.

La identidad que atañe a servidores públicos, dirigentes y representantes sociales que aparecen en los informes, sí podrá conocerse, por ser de interés público.

NICANOR O NATIVIDAD

El AGN señala que la documentación contiene informes sobre fenómenos o hechos sociales destacados, según los criterios de la autoridad que los generaba.

«Bajo este esquema, la mayoría de la documentación describe el tiempo, modo y lugar del fenómeno o hecho social relevante; y señala la participación o presencia de individuos destacados. Por tanto, la información del caso contiene una gran cantidad de datos personales, de naturaleza sensible y es preciso mencionar que estaban relacionados con movimientos políticos y sociales», detalla el AGN.

La institución federal subraya que no es posible testar la información de quien identifica como Gonzalo Nicanor Santos -aunque oficialmente se le conoce como Gonzalo Natividad Santos Rivera- porque fue una persona de relevancia pública, «en tanto que fue un político mexicano destacado y gobernador del estado de San Luis Potosí”.

Añade que a Santos “se le atribuye la violación a diversos derechos humanos, circunstancia que trae como consecuencia que la sociedad tenga un derecho legítimo de conocer la información que sobre él generó el Estado mexicano en el pasado, en tanto que esos aspectos son indispensables para el escrutinio integral de su actuar como servidor público durante su encargo».

Máxime -añade el AGN- si se parte de la base que su ideología política, como elemento abstracto, debe ser considerado como el sustento de sus actos políticos y de gobierno, además que de la información “podría llegarse a conocer la verdad sobre los abusos que se le atribuyen».

Lo anterior, porque «el hecho de que los servidores públicos concluyan con sus encargos no significa que los actos socialmente relevantes en los que participaron o se involucraron, ya no pueden ser escrutados por la sociedad, pues ello sería irrazonable y totalmente contrario a los principios que rigen el derecho a la libertad de expresión en democracia».

Y concluye: «Al ser legítimo que la sociedad conozca la información que recabaron las autoridades de inteligencia del Estado mexicano de Gonzalo Nicanor Santos, puede concluirse que en el caso concreto debe prevalecer el derecho fundamental de acceso a la información pública y, en consecuencia, su máxima publicidad».

La información deberá ser entregada a Quadratín SLP Noticias para difundir su contenido, conforme lo resuelto por el Comité de Transparencia del Archivo General de la Nación.