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SAN LUIS POTOSI, SLP., 8 de octubre de 2018.- De acuerdo a datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) en San Luis Potosí del 2015 al 2018, 23 mujeres han sido procesadas por practicarse un aborto.
Arely Torres Miranda consejera del Instituto Nacional de las Mujeres, dijo que aunque desconoce al momento cuántas de ellas ya han sido sentenciadas por este hecho, no debería existir un solo caso en que se juzgue en los tribunales a una mujer que haya decidido abortar.
En el caso de México recordó que en el 2006 cuando se dio la discusión sobre la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México se sentó el precedente para el análisis multifactorial del tema en todo el país, por lo que en San Luis Potosí ya no se puede dar un paso atrás, pues consideró que toda mujer tiene derecho a decidir si quiere tener un hijo o una hija.
Dijo que es necesario romper con los mitos y dogmas de fe que nos limitan, tras asegurar que ha sabido de casos en que jovencitas de prestigiados colegios católicos en San Luis Potosí recurren a esta práctica en clínicas clandestinas que les cobran entre 15 y 21 mil pesos.
La activista cuestionó también qué es lo que sucede con aquellas mujeres que resultan embarazadas por violencia sexual.
“La mayoría de las adolescentes embarazadas han sido víctimas de violencia sexual y ahí estamos hablando de que se debe tener acceso a la Norma Oficial Mexicana (NOM) 046 que permite la interrupción legal del embarazo por tema de violencia, cosa que no sucede en nuestro estado, las instancias de salud aún tienen o incumplen con ésta disposición oficial que es un derecho”.
Torres Miranda aseguró que obligar a una mujer al término de un embarazo no deseado, puede considerarse una tortura y mencionó que el tema va más allá de lo ético, lo religioso o lo legal, pues tiene que ver con un tema de salud.