En investigación, ocho funcionarios por obstruir caso Karla Pontigo

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 30 de octubre de 2018.- La abogada de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático del Derecho, Ana Sandra Salinas, quien lleva el caso de Karla del Carmen Pontigo Luccioto en la Ciudad de México, estimó que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha dilatado porque además de la investigación de la muerte de Karla también se indagan las amenazas contra la familia y la denuncia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), contra ocho funcionarios que obstruyeron las averiguaciones.

Este lunes se cumplieron seis años del deceso de Karla Pontigo, cuya causa no ha sido esclarecida y en julio de 2015 el caso fue atraído por los ministros de la SCJN, cuya máxima instancia, en impartición de justicia, podría ordenar la reapertura de la indagatoria.

La abogada Sandra Salinas consideró que la resolución se ha retardado -más de dos años- porque se averiguan también las amenazas contra la familia, en particular contra su madre y la recomendación de la CNDH que implicó a un grupo de ocho funcionarios estatales implicados en la obstrucción de la investigación.

Destacó que el de Karla fue el segundo caso de feminicidio atraído por la SCJN, porque la indagatoria no se realizó bajo los criterios, estándares y protocolos deben seguirse en un asesinato de una mujer, explicó la representante legal.

Sostuvo que la fundación confía que la Suprema Corte se pronuncie a favor de reiniciar y evaluar la «investigación que, en aquel entonces se hizo para verificar si la Procuraduría hizo bien su trabajo», y en el caso de no haber sido así se sancione al o los responsables sancionar.

Si la Suprema Corte se pronuncia a favor de la petición de la madre de la joven y de la Fundación, este caso repercutirá a nivel nacional en feminicidios pendientes de resolver, anticipó.