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SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 26 de enero de 2020.- Incontinencia, pesadillas, neurosis, resentimientos, emociones de culpa, inseguridad y conflictos de pareja en la edad adulta, son algunas de las consecuencias que genera el maltrato infantil a largo plazo, un fenómeno en la entidad potosina que da muestras de no detenerse.
Abusos u omisiones son igual de graves cuando se trata de definir la violencia contra menores de 18 años de edad, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial.
De acuerdo con el informe 2017 del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) el 63 por ciento de los niños y adolescentes han sufrido alguna forma de castigo físico o psicológico en su vida; incluye gritos, manotazos, jalones de orejas, confinamiento o encadenamiento, entre otros actos reproblables y violatorios de sus derechos humanos.
La psicóloga especialista, Carmen Vázquez de Santiago, apuntó que son manifestaciones del maltrato todo aquello que atente contra los derechos de los niños y esto incluye el chantaje emocional cuando se encuentran en medio de conflictos legales entre los padres, como el divorcio o demandas de pensiones alimenticias.
“Las consecuencias del maltrato infantil se van a notar para toda la vida, ellos van a repetir las mismas conductas porque creerán que así se arreglan los asuntos”, acotó.
ENCADENADOS EN SLP
En la zona media de San Luis Potosí se registraron dos casos extremos de maltrato infantil, en ambos los menores fueron encadenados. El primero ocurrió en la comunidad El Tule -municipio de Rioverde- en abril de 2019, un niño ocho años estaba en un predio con una pesada cadena en uno de sus tobillos.
Según sus inocentes palabras, fueron los padres quienes lo encadenaban por recomendación de una psicóloga. “No me pueden pegar porque la psicóloga les dijo que me amarraran”, dijo.
La Fiscalía General del Estado (FGE) retiró la custodia a sus progenitores.
El siguiente caso de violencia llegó en los primeros días del 2020, el 3 de enero vecinos del barrio El Refugio -municipio de Ciudad Fernández- denunciaron que una niña de cuatro años era encadenada por sus padres a la base de la cama, fue rescatada por elementos de la Policía Municipal.
Ulises Valencia, subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno del Estado, informó que los padres podrían perder la patria protestad de la menor, quien presentaba además un alto grado de desnutrición y quedó bajo resguardo del Procuraduría para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (PPNA).
El funcionario reconoció que es un desastre la atención a los niños, niñas y adolescentes en este país.
“Los casos de maltrato infantil los encontramos por lo general en los municipios que tienen un alto grado de marginación y pobreza, y aumentan cuando se trata de pueblos y comunidades”, aseguró.
MALTRATO INVISIBLE
Aunque existen programas de prevención para evitar el maltrato infantil en algunas dependencias, la práctica de violencia contra la infancia es una constante.
Berenice Fraga, responsable del programa Capacitación en la Infancia de la Secretaría de Salud, informó que “en las unidades se les da una plática sobre la prevención del maltrato infantil a padres de familia o tutores que acuden a consultas y tenemos un algoritmo para detectar casos y dar parte al DIF estatal para que actúen”, sostiene.
En lo que respecta al estado potosino, las cifras de maltrato infantil arrojan que, del año 2016 a la fecha, son reducidas las denuncias formales por este delito y en la mayoría de ellos los victimarios procuran no dejar marcas visibles de la violencia para eludir una responsabilidad legal.
URGE LEGISLACIÓN
Juan Martín Pérez García, Director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) informó que en México el 70% de niños ha sido violentado, aun en la actualidad los padres ejercen un sentido de posesión que -creen- les permite agredir a placer a los menores.
“Como cuando las mamás le decían al maestro: Se lo entrego con oreja, autorizando a que los maltrataran, durante mucho tiempo se creyó que los golpes disciplinarios formaban buenos ciudadanos, pero ahora la sociedad ha avanzado y demuestra que el daño por esas acciones puede generar incluso una alteración neurológica”, dijo el funcionario.
A través de la convención de los Derechos del Niño quedó establecido que los menores deben vivir en un ambiente libre de violencia y la obligación de las autoridades es legislar en la materia, prohibir los castigos físicos o psicológicos.
“El Estado debe buscar la forma, hacerse cargo de que esos futuros ciudadanos no sufran en ninguna circunstancia”, advirtió.
PADRES, VERDUGOS
La referencia de violencia contra menores en la entidad potosina no dista mucho del escenario nacional, los padres de familia suelen ser los peores verdugos de los pequeños que son canalizados a la PPNNA.
Miguel Cardoza Mora, titular de PPNNA, expuso que siguen un protocolo de cuidados, asistencia médica y psicológica; una vez canalizados comienza la búsqueda en redes familiares para regresarlos a un entorno saludable, de existir la posibilidad.
“Se entregan a los familiares que cumplen con los requisitos, para ello efectuamos visitas de trabajo social, se hacen estudios psicológicos e incluso toxicológicos para garantizar que estarán en un ambiente familiar estable”, dijo en entrevista.
Una de las acciones preventivas que emprende la institución son las campañas del área de Bienestar Familiar, donde buscan luchar contra todo tipo de maltrato infantil y que este año se enfocará sobre el abuso sexual.