Denuncian a La Patrulla Espiritual por aplicar terapias de conversión

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 11 de mayo de 2026.- Colectivas, activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos emitieron un posicionamiento público para denunciar presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por integrantes de la agrupación denominada La Patrulla Espiritual, luego de que una mujer trans fuera presuntamente privada de su libertad y trasladada contra su voluntad a un supuesto centro de rehabilitación en Tijuana, donde insistieron en someterla a una especie de terapia de conversión.

De acuerdo con el pronunciamiento firmado por colectivos y personas defensoras de la diversidad sexogenérica, los hechos ocurrieron el pasado nueve de mayo y habrían quedado documentados en videos y testimonios difundidos públicamente, donde se observa a la víctima visiblemente alterada, pidiendo ser liberada y negándose a ser trasladada.

Las organizaciones denunciaron que, durante el traslado, la mujer habría sido víctima de actos de violencia, humillación y agresiones dirigidas específicamente contra su identidad y expresión de género, incluyendo intentos de imponerle vestimenta masculina y cortarle el cabello.

“Estos actos constituyen violencia simbólica, psicológica y de género, así como posibles tratos crueles y degradantes motivados por prejuicio”, señala el documento dirigido a autoridades estatales y municipales de Baja California.

Asimismo, acusaron que las acciones podrían configurar intentos de aplicar los llamados Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG), prácticas prohibidas y tipificadas como delito en Baja California bajo el apartado de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad.

El posicionamiento fue dirigido a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda; al alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz; así como a autoridades de seguridad, salud, procuración de justicia y derechos humanos del estado.

Entre las exigencias planteadas por las organizaciones se encuentran la intervención inmediata para verificar el estado físico, psicológico y jurídico de la víctima; garantizar su integridad y libertad; investigar posibles delitos como privación ilegal de la libertad, discriminación y violencia de género; además de emitir un posicionamiento público en defensa de los derechos de las personas trans.

También solicitaron revisar las condiciones de operación de los llamados centros de rehabilitación vinculados a este tipo de agrupaciones y realizar auditorías técnicas y operativas para verificar el cumplimiento de la NOM-028-SSA2-2009, especialmente en lo relacionado con internamientos involuntarios, tratos degradantes y posibles prácticas ECOSIG.

Las y los firmantes hicieron además un llamado a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para garantizar una investigación con perspectiva de género y diversidad sexogenérica.

“La dignidad, identidad y libertad de las personas trans no son negociables. Ninguna forma de violencia o ‘rehabilitación’ basada en la imposición, el castigo o la negación de la identidad puede ser tolerada”, concluye el posicionamiento emitido este 10 de mayo.

Reproducción autorizada citando la fuente: Quadratín SLP
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