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SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 14 de septiembre de 2023.- Un juez federal de Texas dictó que una regulación destinada a preservar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), es ilegal.
El año pasado, el gobierno de Biden trató de mantener el programa, que protege de la deportación a los inmigrantes indocumentados que llegaron a ese país cuando eran niños. Con ese objetivo, publicó una norma para codificar la política en un reglamento federal.
Sin embargo, el juez Andrew Hanen, del Distrito Sur de Texas, sostuvo que DACA es ilegal y argumentó que la norma viola la Ley de Procedimiento Administrativo, la cual rige cómo las agencias hacen los reglamentos.
Esta orden no afecta a los actuales beneficiarios del programa.
«Para ser claros, ni esta orden ni la orden judicial complementaria que la acompaña requieren que el (Departamento de Seguridad Nacional) o el Departamento de Justicia tomen cualquier medida de inmigración, deportación o acción penal contra cualquier beneficiario de DACA, solicitante, o cualquier otro individuo que de otro modo no se tomaría», escribió Hanen.
¿Qué son los dreamers?
El programa DACA, creado en 2012, brindó un alivio temporal a los inmigrantes indocumentados que fueron llevados a Estados Unidos siendo niños, un grupo que se ha conocido como «dreamers».
México protesta por fallo de juez
El Gobierno de México expresó este jueves su «gran preocupación» por el fallo del juez que declaró ilegal el programa de Acción Diferida para Personas Llegadas en la Infancia (DACA), en el que la mayoría de beneficiarios son de origen mexicano.
«La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) toma nota con gran preocupación de la decisión de la Corte Federal para el Distrito Sur de Texas de declarar inconstitucional el programa de Acción Diferida para Personas Llegadas en la Infancia, que impacta a más de 580 mil personas, en su gran mayoría mexicanas», indicó la Cancillería en un comunicado.
El Gobierno mexicano reaccionó al fallo que desestimó el miércoles el intento de la administración de Joe Biden de registrar el plan en la ley federal con la esperanza de protegerlo ante las demandas en su contra y de favorecer así a los más de medio millón de beneficiarios del amparo migratorio.