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SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 05 de marzo de 2026.- La iniciativa de reforma electoral enviada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a la Cámara de Diputados plantea cambios relevantes en la integración del Congreso, el financiamiento a los partidos políticos, los mecanismos de fiscalización y el uso de nuevas tecnologías en las campañas.
El proyecto, que ya fue recibido por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de México, propone eliminar las listas plurinominales como actualmente se conocen, modificar la fórmula de asignación de diputados de representación proporcional y reducir el número de integrantes del Senado.
La iniciativa será analizada en comisiones antes de discutirse en el pleno legislativo.
Cambios en la Cámara de Diputados
La propuesta mantiene el total de 500 diputaciones federales, pero modifica el mecanismo de asignación de las 200 posiciones de representación proporcional.
De acuerdo con el documento, 100 de esos espacios se otorgarían a los candidatos que, aunque no ganaron su distrito por mayoría relativa, obtuvieron los mayores porcentajes de votación dentro de su propio partido. La asignación se haría en orden decreciente por circunscripción.
Los otros 100 escaños se elegirían mediante voto directo en cinco circunscripciones regionales. En este esquema también quedarían incluidas las diputaciones correspondientes a mexicanos residentes en el extranjero.
Con este modelo desaparecerían las listas plurinominales elaboradas previamente por los partidos políticos, uno de los mecanismos que actualmente permite el acceso al Congreso por representación proporcional.
Senado más pequeño
La iniciativa también plantea cambios en la integración del Senado. Actualmente, la Senado de la República está conformada por 128 legisladores; con la reforma se reduciría a 96.
La modificación eliminaría las 32 senadurías de representación proporcional establecidas en el artículo 56 constitucional. De esta forma, cada entidad federativa elegiría únicamente tres senadores: dos por mayoría relativa y uno de primera minoría.
Menos financiamiento para partidos
Otro de los puntos centrales del proyecto es la reducción del financiamiento público ordinario a los partidos políticos.
La iniciativa plantea modificar la fórmula establecida en el artículo 41 constitucional para disminuir el multiplicador aplicado al padrón electoral. El factor pasaría de 65% a 48.75% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) por cada ciudadano inscrito en el padrón.
Con este ajuste se estima una reducción cercana al 25% en los recursos públicos destinados al funcionamiento ordinario de los partidos.
En paralelo, los tiempos oficiales en radio y televisión que administra el Instituto Nacional Electoral durante precampañas y campañas electorales pasarían de 48 a 35 minutos diarios.
Fiscalización y control del dinero
La propuesta también fortalece los mecanismos de fiscalización del financiamiento político.
De aprobarse, las instituciones del sistema financiero deberán reportar diariamente al INE las operaciones relacionadas con partidos, precandidatos y candidatos. El objetivo es permitir una supervisión más inmediata de ingresos y gastos durante los procesos electorales.
Además, se establece de forma explícita la prohibición de recibir recursos provenientes de gobiernos extranjeros, organismos internacionales, fondos de inversión o personas que residan fuera del país.
Inteligencia artificial en campañas
Ante el crecimiento del uso de herramientas tecnológicas en la comunicación política, la reforma incorpora disposiciones sobre inteligencia artificial.
El proyecto establece que cualquier contenido electoral generado o modificado mediante inteligencia artificial deberá incluir un etiquetado obligatorio que advierta su origen. Asimismo, plataformas digitales y concesionarios de radio y televisión tendrían la responsabilidad de identificar y evitar la difusión de material que no cumpla con esa regla.
Resultados electorales más rápidos
La iniciativa también propone cambios en los cómputos electorales.
Actualmente, los conteos distritales inician dos días después de la jornada electoral. Con la reforma, el cómputo comenzaría desde el momento en que llegue el primer paquete electoral a los consejos distritales del INE, con el objetivo de acelerar la publicación de resultados oficiales.
La misma lógica se aplicaría para las elecciones locales mediante ajustes en la legislación correspondiente.
Democracia directa en estados y municipios
Otro apartado introduce mecanismos de democracia directa a nivel local.
La reforma plantea reconocer en la Constitución el derecho de la ciudadanía a participar en consultas populares, referéndums y plebiscitos en el ámbito municipal y estatal. Para que los resultados sean vinculantes se requeriría la participación de al menos el 40% de las personas inscritas en la lista nominal.
Además, se permitiría que autoridades de los tres niveles de gobierno promuevan la participación ciudadana en estos ejercicios, siempre que lo hagan bajo criterios de imparcialidad y sin intervenir en el sentido del voto.
Inicia el proceso legislativo
La vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, confirmó la recepción formal del documento y adelantó que será turnado a comisiones para su análisis.
De acuerdo con los artículos transitorios, el Congreso de la Unión y los congresos estatales tendrían hasta el 15 de mayo de 2026 para adecuar sus marcos jurídicos en caso de aprobarse la reforma. En ese mismo plazo, el INE deberá emitir los lineamientos necesarios para su aplicación.
Con ello se abre el debate legislativo sobre uno de los cambios más amplios al sistema electoral mexicano desde la reforma de 2014.
Reproducción autorizada citando la fuente: Quadratín SLP
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