Visión Financiera

Por Georgina Howard

La falta de medicamentos e insumos no es un problema aislado de una sola institución. Mientras Birmex acumula hallazgos de daños al erario y funcionarios reconocen fallas en las compras consolidadas, en la Dirección General de Sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional surgen denuncias de un esquema que restringiría la competencia para favorecer a empresas específicas en contrataciones por cientos de millones de pesos. El resultado es el mismo en ambos lados: derechohabientes que no reciben lo que necesitan.

En Birmex, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reportó en octubre un posible daño patrimonial de 419.5 millones de pesos por compras consolidadas sin respaldo documental suficiente, además de posibles contrataciones indebidas por 192.8 millones de pesos.

Entre los casos figura un pago en exceso de 65.6 millones de pesos a Farmacéuticos Maypo. Estos datos se suman a la cancelación en 2025 de la compra consolidada por sobrecostos estimados en hasta 13 mil millones de pesos, que provocó la destitución de directivos y el reconocimiento público de Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial, de “posibles indicios de corrupción” y de fallas que generaron retrasos de meses.

Carlos Alberto Ulloa Pérez, actual director de la paraestatal, enfrenta cuestionamientos por la persistencia del desabasto y por contratos de gran volumen, como el de vacunas contra Covid adjudicado a Laboratorios Liomont por un monto máximo cercano a 31 mil millones de pesos hasta 2030.

Alrededor del 5 por ciento de las recetas del sector público siguen sin surtirse; proveedores como Neuronic Mexicana han incumplido entregas prioritarias de ketamina y metotrexato.

El deterioro también alcanzó a las Fuerzas Armadas. Documentos oficiales indican que el Hospital Central Militar surte apenas el 56 por ciento de las recetas en 2026, lejos del 90 al 98 por ciento que mantuvo durante décadas, lo que obliga a militares y sus familias a comprar medicinas de su bolsillo.

En este contexto aparecen señalamientos que involucran a la coronel enfermera diplomada de Estado Mayor Blanca Jiménez Zenteno, subdirectora de Sanidad, y al capitán Juan Pablo Arriaga, titular de la Unidad de Control y Gestión.

Según las denuncias, ambos habrían establecido un mecanismo que limita la participación de empresas para beneficiar a firmas preferidas, en contravención de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que exige adjudicar a quienes cumplan técnica, administrativa y económicamente.

En la compra de equipo médico para la quinta sección del Hospital Central Militar (especialidades pediátricas), con un techo de 558 millones 421 mil 125 pesos, se señala que se estarían favoreciendo empresas que técnicamente no garantizan el cumplimiento de los requisitos.

En la remodelación, ampliación y equipamiento del Hospital Militar de Especialidades de la Mujer y del Niño, por 265 millones de pesos, la estrategia descrita consiste en dejar desiertas la mayor cantidad posible de claves en la primera vuelta para adjudicarlas después de manera directa. De ese presupuesto, solo se habrían adjudicado 55 millones 74 mil 49 pesos en la etapa inicial.

El procedimiento más amplio es el servicio de mantenimiento integral a equipos médicos de diversas marcas, con un techo de 417 millones de pesos. De 54 empresas que manifestaron interés y presentaron ofertas, tras reuniones a puerta cerrada, el proceso se habría cerrado a solo cinco, entre ellas Lofloes SA de CV, Medical Dimegar SA de CV y Grupo Aldai SA de CV.

El resultado fue que la mayoría de las claves quedó desierta, afectando la operatividad de los equipos y la atención a los pacientes.

Estas prácticas no solo representan un riesgo patrimonial, sino que profundizan el desabasto en sistemas que históricamente fueron de los más estables del país. Las denuncias exigen una revisión independiente de expedientes, estudios de mercado y actas, tanto en Birmex como en la Sanidad de Sedena, para esclarecer responsabilidades y restablecer la competencia en las compras de salud del Gobierno federal.

Transportistas se hacen escuchar, Segob da otros datos

El paro nacional de transportistas tendrá un costo de 21 mil 500 millones de pesos diarios y, de alargarse, podría tener un efecto inflacionario, dijo Augusto Ramos Melo, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).

Se trata de un movimiento nacional en el que habrá presencia de unidades y transportistas en 50 puntos de todos los estados del país y participarán miles de camiones, ya que se irán sumando en el resto del día.

La Secretaría de Gobernación informó por la mañana que el paro ocurre solo en 19 entidades y con algunas centenas de unidades.

Ramos Melo aseguró que son varios temas los que necesita resolver el gremio para reiniciar actividades: reducir la inseguridad, combatir la corrupción, incentivos fiscales, reducir la tramitología, más presupuesto a seguridad e infraestructura, más tecnología en casetas de peaje y una revisión a la reducción de la jornada laboral.

“El paro durará hasta que nos den respuesta que pueda trascender, no metas de negociación”, aseguró.

El presidente del organismo destacó que la Canacar se suma por primera vez a este tipo de movimientos porque el costo y la inseguridad para seguir operando ya son insostenibles.

El dirigente dijo que al sector le urgen incentivos fiscales, ya que los que se tenían se han ido quitando o reduciendo, elevando sus costos de operación.

Por ello, piden al Senado, en su votación de mañana, revisar el estímulo fiscal por pago de casetas que se pretende reducir.

Hasta ahora se permite acreditar hasta 50 por ciento del gasto total por concepto de peajes directamente contra el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a las empresas que tengan ingresos de hasta 300 millones de pesos, pero se piensa reducirlo a quienes ganen hasta 250 millones.

El sector transportista pide elevar este estímulo, ante tantos problemas que aquejan al sector, a todas aquellas empresas cuyos ingresos sean de 420 millones de pesos anuales.

Reconoció que, si bien existe una estrategia para reducir la inseguridad, en carreteras esto no ha ocurrido y muestra de ello es que 50 por ciento de los robos que sufren los transportistas ocurre cuando están detenidos para descansar o comer.

Dijo que en el país no existen más de 10 corredores seguros para los transportistas, pese a la necesidad de contar con al menos 2 mil 200.

Destacó que el Estado de México y Puebla concentran 40 por ciento de los robos al gremio, eso sin contar que cada vez el hurto de mercancías se realiza con mayor violencia contra los operadores.

“Los robos sí están bajando, pero cada vez son más agresivos, entonces pedimos sumar más estrategias, más presupuesto hacia temas de seguridad, más elementos (policía), más tecnología, más seguridad”, sostuvo Augusto Ramos Melo.

La inseguridad ha provocado que el gremio tenga detenidas 95 mil unidades porque no hay choferes que las operen. “A las cuales se sumarán más porque nos faltará gente que las opere con la nueva jornada”, dijo.

La falta de infraestructura y tecnología ha provocado que el tránsito de mercancías se eleve entre 20 y 40 por ciento. “En algunas casetas el transportista tarda hasta una hora para cruzar”, sostuvo.

Por la Ley General de Movilidad, cada vez que llegan a un área metropolitana, ahora cada municipio les exige un permiso, por lo que piden quitar la sobrerregulación que se ha creado.

Lerma, dudas en los detalles

El 16 de agosto de 2025, un juez de control de la Ciudad de México giró una orden de aprehensión contra Ciro Jonathan Reyes Camacho por el presunto delito de administración fraudulenta al frente de Grupo Financiero YAMRE.

Unos días después, policías ministeriales lo detuvieron y recluyeron en el penal Oriente de la capital del país. Aunque hoy goza de libertad bajo medidas cautelares, el presunto desfalco que motivó su arresto hoy impacta en las aspiraciones electorales de su padre: Ciro Reyes Ambriz.

Antes del arresto, el 26 de junio de 2024, padre e hijo formalizaron un reconocimiento de adeudo por 24.1 millones de pesos frente a los inversionistas defraudados.

Reyes Ambriz no fungió como simple testigo: intervino expresamente como garante del deudor y declaró derechos de propiedad sobre dos bienes para respaldar el compromiso: un predio en Lerma y un terreno en San Francisco de Campeche. El problema escaló cuando los inversionistas quisieron cobrar.

Los bienes en cuestión carecían de inscripción a su nombre en el Registro Público y las negociaciones posteriores derivaron en pagarés rebotados al vencer los plazos pactados.

Con esa losa a cuestas y el polémico antecedente de 2018, cuando defendió a Ana Gabriela Guevara en un litigio inmobiliario marcado por denuncias de acoso procesal, Reyes Ambriz busca ahora ser candidato de Morena para gobernar Lerma.

Su principal carta de presentación es la cercanía con la exdirigente morenista Luzma Hernández, a quien asesoró en el pasado.

La pregunta ahora es: ¿abrirá el partido guinda las puertas del erario municipal a quien ofreció propiedades fantasma para respaldar un quebranto millonario? Ahí está el detalle.

Verde que te quiero verde

Tome nota. Vaya mensaje el que mandó el diputado Eruviel Ávila en el Estado de México. El exgobernador no tuvo empacho en llamar públicamente a Pepe Couttolenc “mi líder” y hasta ponerse a sus órdenes como “soldado” durante la toma de protesta de los Defensores Ambientales del Partido Verde.

Y no es cualquier adhesión: viene de quien gobernó la entidad y hoy ocupa una curul federal bajo las siglas verdes.

Lo interesante es que el espaldarazo llega cuando el Verde presume músculo propio rumbo a 2027. Couttolenc recordó que el partido gobierna 19 municipios y obtuvo 700 mil votos en la elección pasada, mientras sus nuevos Defensores Ambientales recorrerán el territorio para escuchar a la gente y, de paso, consultar si conviene competir solos o en alianza.

Con semejantes números y Eruviel cerrando filas, parece que en el Estado de México el Verde ya no solo quiere ser aliado... quiere tener con qué negociar la alianza.