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SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 1 de marzo de 2019.- Ejidatarios de Villa de Guadalupe expusieron este jueves, ante estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), sus argumentos en contra de la construcción de la presa La Maroma, pues les despojarían de sus tierras, de su derecho al agua y de sus métodos de subsistencia.
Indicaron que su lucha por el agua ha sido difícil y temen ser despojados de lo suyo: el agua para el riego de mil 400 hectáreas, les privarían de las aguas mansas con las que riegan árboles frutales y de las que abrevan sus animales.
Su lucha inició hace tres años; el comisariado Teodoro Cárdenas Lucio recordó un episodio que cambió el proceso de defensa, pues en una ocasión vinieron a la capital para recoger los nombramientos del comisariado y su directiva, cuando descubrieron que en el registro agrario habían ingresado documentos por parte de Conagua y la Comisión Estatal del Agua de San Luis Potosí (CEA), poderes firmados y sellados por la mesa directiva del ejido que ellos nunca aprobaron.
“Me presentan la documentación y encuentro a una persona que ya hacía ocho años que había fallecido…, ¿cómo la habían metido, si ese papeleo lo había hecho el licenciado con los del Conagua y los de la CEA?”, cuestionó.
A partir de ese momento, llegó la motivación para defender con mayores fuerzas su territorio y sus derechos. También les ayudó a comprobar falsificaciones para detener el proyecto de La Maroma.
Entre otras cosas, San Juana Moreno les explicó a los asistentes que los ejidatarios son las personas que componen una congregación de comunidades, en su caso una decena, las cuales se verían afectadas en caso de desarrollarse la construcción de la presa, pues se trata de generaciones de familias. En su caso, el título de propiedad les fue otorgado en 1996.
Además, añadió, durante la construcción “hacen su destrozo” pues han talado arboles ancestrales, “algo que tampoco se menciona. Según ellos presentan sus permisos, pero todos están falsificados”, además del uso de maquinaria pesada y dinamita.
Relataron que los opositores han sido amenazados, “han ido a echarles balazos a las personas que están haciendo el paro. Nosotros estamos esperando un ratito para que también nos eliminen o nos desaparezcan por arte de magia”, advirtió.
Antonio Ramírez indicó que al eliminar la corriente de agua, desaparecerá la producción del aguacate en el ejido de San Bartolo, así como cultivos de membrillo, durazno, maíz, frijol, calabaza, entre otro tipo de vegetales en diferentes áreas rurales. Incluso la gente ha comenzado a migrar ante la falta de agua y el riego para los cultivos es escaso.
Por el momento, cuentan con el apoyo de académicos de la Facultad de Derecho de la UASLP, el Colegio de San Luis (Colsan) y del Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz, quienes les han auxiliado a interponer denuncias ante la Fiscalía General del Estado; por el momento hay dos juicios de amparo, un juicio agrario y denuncias penales.
La construcción de ese embalse fue anunciada hace más de seis años, como un compromiso presidencial del expresidente Enrique Peña Nieto. La obra incluye un acueducto de 30 kilómetros de longitud para abastecer a localidades aledañas y al municipio de Matehuala, el más importante y el de mayor población en la zona altiplano
La charla “Lecciones de Derecho Agrario Actual” fue parte de la Clínica de Litigio Estratégico de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.