SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 8 d octubre 2020.- Felipe Cisneros Sánchez, vocero del Observatorio Indígena Mesoamericano, señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un tremendo golpe al Congreso del Estado que impactó en el Consejo Estatal y de Participación Ciudadana (Ceepac), al anular la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, para 2021.

Dijo que las violaciones a los derechos indígenas -motivo que provocó esta decisión- iniciaron cuando el poder Legislativo intentó simular un proceso de consulta indígena con eventos en sedes a su antojo y conveniencia, sin antes sentarse a planearlo con  representantes indígenas.

Posteriormente, los diputados metieron 21 iniciativas de “chile, mole y pozole a la gente, sin ninguna traducción y asesoramiento, dejando a los indígenas  desamparados; ni los diputados con su sueldo millonario y en su sano juicio, podrían analizarlas en 30 días”.

El representante legal señaló que estas conductas fueron cuestionadas al Congreso del Estado en reiteradas ocasiones, en reuniones con la Comisión de Asuntos Indígenas, pero, «no hicieron caso, nos cayó la pandemia y les cayó como anillo al dedo, porque no existían condiciones para consultar y no consultaron, sin avisar a los pueblos indígenas”.

“Ni siquiera el pleno aprobó una suspensión, simplemente la Comisión de Asuntos Indígenas dijo ‘hasta aquí’ y se fueron a su casa a dormir”.

Cisneros afirmó que en este desastre participaron el Ceepac, el Colegio de San Luis y “los zánganos del Instituto de Pueblos Indígenas (Indepi) que ahora trabajan a favor de las empresas constructoras”.

Denunció que el titular del Indepi, Raúl González Vega dijo públicamente -el pasado viernes- que ya no era momento de consultar a los pueblos indígenas, ni siquiera para los lineamientos emitidos por el Ceepac con base a la desechada ley electoral.

“Se le insistió hasta el cansancio al Ceepac, en particular a la propia presidenta Laura Elena Fonseca Leal, pero no hizo caso, aprobaron los lineamientos haciendo oídos sordos a los reclamos”, el pasado 29 de septiembre.

“El 2 de octubre el mismo Ceepac se dio el lujo de visitar el municipio de Ciudad Valles, en contubernio con el Indepi, para intentar usar al Consejo Consultivo de la zona y buscar legitimizar sus apócrifos lineamientos, donde por fortuna los indígenas consejeros mandaron al averno al Ceepac y ahí mismo encararon  a la presidenta, quien utilizó la fuerza pública estatal y municipal para que no pudiera ser cuestionada”, contó Felipe Cisneros.

Los lineamientos “son demasiado acotados y restringidos para los pueblos indígenas, ya que en unos cuantos municipios podrán acceder a la presidencia municipal, y en el resto, se quedarán con un espacio para regiduría”.

Tamuín, San Vicente Tancuayalab, Alaquines y Xilitla son los municipios que podrán acceder a la primera regiduría indígena de representación proporcional: y solo ocho municipios a la primera regiduría de mayoría relativa y primera regiduría de representación proporcional: Tamazunchale, San Martín Chalchicuautla, Tampacán, Santa Catarina, Axtla de Terrazas, Huehuetlán, Aquismón, y Tampamolón de Corona.

Por su parte, solo cinco municipios podrán tener postulación indígena a su presidencia municipal, primera regiduría de mayoría relativa y primera regiduría de representación proporcional: Matlapa, Tancanhuitz, Coxcatlán, Tanlajás y San Antonio.

IMPUGNACIONES

Los lineamientos del Ceepac serían impugnados por el Observatorio Indígena Mesoamericano para equilibrar la representación indígena en el estado, que tendría que haber reconocido el Ceepac y no simularlos, dijo su vocero Juan Felipe Cisneros Sánchez.