Familias luchan por justicia ante violencia de género en SLP
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., 26 de noviembre de 2024.- Este martes 26 de noviembre, la Fiscal General del Estado, María Manuela García Cázares, rindió su informe ante el Congreso, en el que destacaron más incertidumbres que certezas respecto a su gestión durante el periodo de mayo a octubre de este año. Su presentación fue casi idéntica a la realizada en un evento oficial hace un par de semanas.
La comparecencia estuvo marcada por la manifestación de Silvia Castillo Hernández, madre de Alan Francisco Ibarra Castillo, víctima de homicidio en 2019, quien increpó a la fiscal a su llegada al recinto legislativo. Este fue el único momento en que la fiscal mostró incomodidad, ya que su exposición dentro del Congreso no duró más de siete minutos, y la mayoría de los legisladores hicieron preguntas sencillas que fueron evadidas sin proporcionar datos importantes o cifras adicionales.
Entre los cuestionamientos, Jessica Gabriela López Torres, diputada local de Morena, preguntó sobre el trabajo realizado en los distritos de la Huasteca en temas de violencia contra las mujeres, comunidades indígenas, abigeato y el caso Rich. A pesar de solicitar cifras, la fiscal evitó el tema y no presentó ninguna numeralia.
Por su parte, Rubén Guajardo Barrera, diputado de Acción Nacional (PAN), cuestionó sobre la denuncia contra el alcalde de Huehuetlán, quien se enfrentó con policías de la Guardia Civil Estatal el 14 de octubre, acusándose mutuamente de actos ilegales. También mencionó el aumento de denuncias por fraude en el robo de vehículos.
Finalmente, Marco Antonio Gama Basarte, diputado de Movimiento Ciudadano (MC), cuestionó la transparencia y rendición de cuentas de la Fiscalía General, así como la presunta desaparición de personas y la actuación de elementos de la FGE en los juzgados.
De los 27 legisladores presentes, solo 8 interpelaron a la funcionaria, aunque ninguno presentó cuestionamientos graves. Mientras tanto, fuera del recinto legislativo, policías jubilados y pensionados continuaban su manifestación exigiendo el pago de aguinaldos y otras prestaciones.