Carreras exhibirá a las policías de San Luis ante AMLO

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 9 de junio de 2019.- El Gobierno del Estado y los 58 municipios, están obligados por la Constitución Política Mexicana a entregar en septiembre, a más tardar, el diagnóstico sobre sus capacidades policiales y un programa para mejorarlas, con recursos financieros de la Federación a partir de 2020, como parte de las demandas para acceder a la Guardia Nacional.

Aunque el ayuntamiento de la capital no tenga dinero para financiar la presencia del nuevo cuerpo policiaco, como afirmó el pasado viernes, el tesorero Rodrigo Portilla Díaz, el artículo séptimo transitorio de las reformas constitucionales en materia de Guardia Nacional publicadas el 26 de marzo en el Diario Oficial de la Federación, comprometen al alcalde Xavier Nava Palacios a trabajar en lo mencionado.

No sólo Nava, sino los 57 presidentes municipales restantes y también el gobernador Juan Manuel Carreras López, quien recién anunció la instalación de tres coordinaciones de la Guardia Nacional en la entidad y será el encargado de enviar la diagnosis al Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP).

El CNSP está encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y lo integran los gobernadores de los 32 estados, además de distintos secretarios.

“Los Ejecutivos de las entidades federativas presentarán ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en un plazo que no podrá exceder de 180 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto, el diagnóstico y el programa para el fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades institucionales de sus respectivos cuerpos policiales estatales y municipales.

“Para la ejecución del programa, se establecerán las previsiones necesarias en los presupuestos de Egresos de la Federación y de las entidades federativas, sobre la base de la corresponsabilidad a partir del ejercicio fiscal de 2020”, refiere el artículo transitorio.

Por otro lado, el artículo 92 de la Ley de la Guardia Nacional dice que los convenios suscritos entre la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, las entidades federativas o los municipios «contendrán las aportaciones que, en su caso, deberán hacer cuando la Guardia Nacional realice tareas de seguridad pública de competencia local».

Por lo tanto, no hay criterios fijos para calcular la inversión de cada estado o municipio que quiera tener, temporalmente, la presencia de la Guardia Nacional.