Comunidades mazahua y otomí piden atender casos de derechos humanos
SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 30 de octubre de 2026.- Las mujeres trabajadoras que enfrentan situaciones de violencia familiar, de género o sexual podrían contar con permisos laborales, ajustes de horario y mecanismos de protección contra represalias, mediante una reforma aprobada en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Congreso de San Luis Potosí.
La iniciativa, promovida por la diputada Sara Rocha Medina, busca modificar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado para fortalecer el acompañamiento institucional y evitar que las víctimas enfrenten consecuencias laborales por buscar ayuda.
El dictamen contempla adicionar la fracción XI Ter al artículo 51 de dicha legislación, con el propósito de que las instituciones públicas del Gobierno del Estado promuevan medidas de apoyo para las personas trabajadoras que atraviesan situaciones de violencia.
Entre las acciones propuestas se encuentra facilitar permisos o ajustes razonables de horario para que las personas afectadas puedan acudir a consultas médicas, recibir atención psicológica o realizar trámites y procedimientos jurídicos relacionados con su situación.
Rocha Medina, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, explicó que la reforma también pretende prevenir actos de discriminación, represalias o afectaciones a los derechos laborales de quienes sean víctimas de violencia.
La propuesta establece que las instituciones deberán promover estas medidas dentro de sus atribuciones y posibilidades, garantizando la confidencialidad de la información personal de las personas afectadas.
Asimismo, contempla mecanismos internos de acompañamiento y orientación para facilitar el acceso a los servicios públicos disponibles para atender casos de violencia familiar, de género o sexual.
Durante la sesión, integrantes de la comisión coincidieron en que estas disposiciones contribuirían a fortalecer la protección de las víctimas y avanzar en el principio de igualdad sustantiva.
También señalaron que la propuesta busca armonizar la legislación estatal con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Aunque el dictamen recibió el respaldo de la comisión legislativa, la reforma todavía no ha sido aprobada por el Pleno del Congreso del Estado, por lo que las disposiciones propuestas aún deben completar el procedimiento legislativo correspondiente.
El documento será turnado a las y los diputados para su análisis y votación.
De aprobarse, las instituciones públicas estatales contarían con una disposición legal para promover medidas de apoyo laboral a personas víctimas de violencia, dentro de sus atribuciones y posibilidades institucionales.





