Prepara IFSE más denuncias contra municipios por uso de recursos

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 5 de noviembre de 2026.- El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) prepara nuevas denuncias penales contra funcionarios municipales por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos, principalmente por el uso indebido de adjudicaciones directas para contratar obras, adquisiciones y servicios.

El titular del organismo, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, advirtió que esta práctica se ha vuelto recurrente en distintos ayuntamientos, donde presuntamente se utiliza la adjudicación directa para evitar procedimientos de licitación pública.

“Muchos municipios han abusado de la contratación por adjudicación directa, evadiendo la licitación pública. Estamos por emitir denuncias adicionales a las que ya hemos presentado, porque es un tema recurrente que no debe suceder”, señaló.

El auditor exhortó a los gobiernos municipales a respetar los procedimientos de contratación establecidos en la legislación y evitar el uso de mecanismos de excepción cuando los montos de las operaciones obligan a realizar licitaciones.

“No abusen del recurso público, no abusen de figuras legales como la adjudicación directa para asignar obra pública”, expresó.

Lecourtois López explicó que el IFSE no necesita concluir una auditoría para presentar una denuncia penal, pues cuando durante una revisión se detectan hechos que pudieran constituir un delito, el organismo tiene la obligación de informar de inmediato a las autoridades competentes.

“Si en el momento de la revisión hacemos hallazgos que nos lleven a detectar actos con apariencia de delito, es nuestra obligación presentar inmediatamente la denuncia correspondiente”, puntualizó.

Alcaldes, síndicos y tesoreros podrían enfrentar responsabilidades

El funcionario advirtió que las investigaciones pueden involucrar a quienes hayan ocupado cargos en presidencias municipales, sindicaturas, tesorerías, oficialías mayores y coordinaciones de Desarrollo Social.

De acreditarse irregularidades, las personas involucradas podrían enfrentar procedimientos por ejercicio ilícito de la función pública y otros delitos que determinen las autoridades competentes.

El auditor señaló que la licitación pública, además de ser una obligación en los casos previstos por la ley, permite establecer condiciones de competencia entre proveedores, comparar propuestas y exigir garantías ante posibles incumplimientos.

Finalmente, insistió en que los ayuntamientos deben recurrir a la adjudicación directa únicamente cuando exista una justificación legal, pues su utilización indebida puede derivar en responsabilidades administrativas y penales.