Acusan falta de claridad presupuestal de CEDH en SLP

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 13 de noviembre de 2024.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de San Luis Potosí se encuentra envuelta en una serie de cuestionamientos internos debido a la gestión de sus recursos y a las controversias sobre la toma de decisiones dentro de su órgano colegiado.

La Consejera Ciudadana Propietaria de la CEDH, Claudia Espinosa Almaguer, expresó públicamente su descontento por la falta de claridad en el manejo del presupuesto de la Comisión.

Espinosa Almaguer señaló que el 26 de septiembre de este año los consejeros recibieron el oficio STME/099/2024 con el proyecto del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025. Sin embargo, la consejera criticó que el documento carece de detalles esenciales, como la especificación de los montos asignados a cada rubro, así como el pago mensual a un despacho jurídico externo.

Ante estas deficiencias, solicitó una reunión para obtener más información antes de proceder con la aprobación del presupuesto.

El 10 de octubre, durante la 37 Sesión Extraordinaria, Espinosa Almaguer denunció que no se le permitió hacer uso de la voz y que se certificó la falta de quórum, lo que impidió la aprobación del proyecto presupuestario.

Posteriormente, el asunto fue pospuesto para la 43 Sesión Ordinaria, que originalmente iba a realizarse en Tancanhuitz, pero fue trasladada a Ciudad Valles por decisión de la Presidencia, debido a presuntos motivos de logística y accesibilidad.

A pesar de que varios miembros sugirieron cancelar el viaje, considerándolo innecesario, la Presidencia viajó con dos consejeros y el Tercer Visitador. Al llegar a la nueva sede, se certificó nuevamente la falta de quórum, esta vez por problemas de conectividad.

La consejera también subrayó que el proyecto de presupuesto fue entregado al Poder Ejecutivo el 11 de octubre, sin la debida aprobación del Consejo, lo que, según ella, constituye una violación a los procedimientos establecidos por la normatividad interna de la CEDH.

Acusó a la Presidencia de engañar al Consejo, prometiendo cumplir con los procedimientos adecuados, pero actuando en contravención de las decisiones del órgano colegiado.