SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 14 de septiembre de 2018.- Integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), expresaron que debido a las trabas que ha habido para conformar en su totalidad el Comité, el Poder Legislativo de San Luis Potosí tiene la facultad para modificar la ley y ordenar una reposición total del organismo ciudadano a efecto de reestructurarlo y hacer que comience a trabajar después de casi dos años sin funcionar.

La quinta integrante numeraria, Laura Moreno y el primer miembro supernumerario del Comité, Miguel Ávalos, dijeron que en medio de las controversias que ha habido entre dos grupos antagónicos al interior del CPC, ellos están dispuestos a renunciar con tal de que el Comité se pueda volver a crear.

«Estamos dispuestos a renunciar si todos lo hacemos. Se lo he dicho a la diputada Sonia Mendoza, nos piden la renuncia a todos, nosotros no tenemos ningún interés particular que no sea la lucha y el combate a la corrupción, pero ellos no están en ese papel, ellos no quieren renunciar porque quieren tener el control de este movimiento, pero en realidad ya es muy difícil que haya una conciliación, por eso sería mejor que se haga todo de nuevo», dijo Miguel Ávalos.

Aunque reconocieron que la ley no prevé como tal una disolución del CPC para volver a convocarlo desde su base, el Congreso del Estado puede dar un golpe de autoridad para hacer que de una vez por todas el Comité se integre con todas las de la ley y comience a trabajar.

Recordaron que los integrantes del CPC, Jesús Sierra Acuña, tercer numerario y Carlos Raúl Espinosa Rincón, presidente con licencia del organismo, no cumplen con el perfil que establece la ley, al haber ejercido cargos públicos a menos de tres años previos a su elección; Carlos Raúl Espinosa Rincón, presidente del CPC con licencia, fue director de ISSSTE en Rioverde y actualmente es regidor de ese municipio, mientras que José de Jesús Sierra Acuña fue Secretario General del Ayuntamiento de Aquismón cuando fue elegido.

Con anterioridad, Espinosa Rincón y Sierra Acuña denunciaron que también Laura Moreno laboraba en el área administrativa de la Secretaría de Salud.

En ese punto, los quejosos señalaron que la ley es muy clara al especificar qué cargos públicos no debieron ejercer los integrantes del comité en el tiempo reglamentario y bajo los términos de la ley, ella sí era apta para la posición de numeraria.