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SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 20 de noviembre de 2026.- El Pleno del Congreso del Estado aprobó una reforma al artículo 135 del Código Penal de San Luis Potosí para ampliar las circunstancias que permiten acreditar razones de género en la investigación del delito de feminicidio, con el objetivo de facilitar su identificación y reducir los obstáculos para su sanción.
El dictamen, presentado por la Comisión Primera de Justicia, presidida por la diputada Leticia Vázquez Hernández, incorpora nuevos supuestos relacionados con situaciones de violencia, subordinación, vulnerabilidad y desaparición de las víctimas.
Entre las modificaciones destaca el reconocimiento de relaciones de subordinación institucional, laboral, docente, religiosa o de servicio, así como otras circunstancias en las que exista una relación de superioridad o dependencia, formal o de hecho, entre las personas involucradas.
La reforma también contempla situaciones en las que la víctima se haya encontrado en estado de indefensión o desprotección, derivado de factores como edad, embarazo, discapacidad, dependencia de cuidados, consumo de sustancias, somnolencia o alteraciones del estado de conciencia.
Asimismo, se incluyen circunstancias que dificulten la posibilidad de solicitar auxilio, como problemas de comunicación, distancia respecto de lugares habitados o impedimentos físicos y materiales que limiten la capacidad de defensa de la víctima.
Otra de las modificaciones establece como circunstancia para acreditar razones de género que la víctima haya sido reportada como desaparecida o haya sido objeto de búsqueda, ya sea por familiares, particulares o autoridades, antes de la localización de su cuerpo o restos.

También se incorpora el supuesto de que el cuerpo o los restos de la víctima hayan sido expuestos, arrojados, enterrados u ocultados, tanto en espacios públicos como privados.
De acuerdo con el dictamen, la ampliación de estos criterios busca facilitar la acreditación del elemento de razones de género durante las investigaciones, sin modificar la definición penal de manera que vulnere el principio de legalidad.
La reforma no modifica la pena base por feminicidio, que se mantiene de 40 a 60 años de prisión, además de una sanción económica equivalente a 4 mil a 6 mil días del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
No obstante, el Código Penal contempla un incremento de hasta una tercera parte de las penas mínima y máxima cuando concurran determinadas circunstancias agravantes.
Entre ellas se encuentran que participen varias personas en la comisión del delito, que el feminicidio ocurra en contextos de trata de personas o explotación sexual, o que sea cometido en presencia de personas con quienes la víctima mantuviera vínculos familiares, afectivos o de confianza.
La agravante también se contempla cuando la víctima sea una niña o adolescente.
Con la aprobación del decreto, el Congreso busca ampliar las herramientas jurídicas disponibles para investigar los feminicidios y determinar la existencia de razones de género a partir de un mayor número de circunstancias reconocidas en la legislación estatal.





