Anuncia Congreso denuncias por pagos de Galindo a dirigente del PAN

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 13 de octubre de 2026.- El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Luis Fernando Gámez Macías, anunció que promoverá una auditoría especial al Ayuntamiento de San Luis Potosí y presentará denuncias ante autoridades electorales por los pagos de 28 mil pesos mensuales a Carlos Enrique Dahud Uresti, secretario general en funciones de presidente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), cuya relación contractual y funciones dentro de la administración municipal no han sido aclaradas públicamente.

El legislador señaló que el alcalde Enrique Galindo Ceballos debe transparentar el origen, la justificación y los resultados de las contrataciones municipales, así como acreditar qué servicios se pagan con recursos públicos y quiénes son responsables de autorizarlos. Advirtió que, si se comprueba la existencia de pagos indebidos o la utilización del presupuesto para favorecer intereses partidistas, exigirá que se determinen las responsabilidades correspondientes.

En conferencia de prensa, Gámez Macías informó que acudirá al Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) para solicitar una revisión especial de las contrataciones y del manejo de recursos humanos del Ayuntamiento, con énfasis en la documentación contractual, la prestación efectiva de los servicios y los entregables que respalden los pagos.

También anunció que presentará denuncias ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales, a fin de que las autoridades competentes determinen si existen elementos para investigar posibles irregularidades en el ejercicio de los recursos municipales.

“El alcalde Enrique Galindo Ceballos debe aclarar en qué se gasta el dinero de los potosinos. El dinero público es para resolver los problemas de la gente, no para financiar estructuras, ataques partidistas ni intereses político-particulares”, sostuvo.

El caso cobró relevancia luego de que Dahud Uresti fuera cuestionado durante una conferencia de prensa del PAN sobre un presunto contrato por honorarios con el Ayuntamiento capitalino y el pago mensual de 28 mil pesos. El dirigente panista no aclaró públicamente si mantiene esa relación contractual ni precisó qué funciones desempeñaría para la administración municipal.

Ante la falta de una explicación pública sobre las condiciones del presunto vínculo contractual, Gámez Macías sostuvo que corresponde al gobierno municipal demostrar que las erogaciones tienen una justificación administrativa y responden a servicios efectivamente prestados. Señaló que, si existe un contrato legítimo, deben hacerse públicos los documentos que permitan verificar su cumplimiento.

El diputado afirmó que el objetivo de las acciones anunciadas es esclarecer el destino de los recursos, no limitar la libertad de expresión ni la participación política de ningún dirigente. Sin embargo, cuestionó que el presupuesto municipal pudiera utilizarse para sostener intereses particulares o actividades ajenas a las obligaciones de la administración pública.

“Lo que sí es inaceptable e ilegal es utilizar el presupuesto municipal para sostener sueldos o financiar intereses particulares”, expresó.

Como una tercera vía, el presidente de la Mesa Directiva adelantó que promoverá ante el Congreso del Estado el inicio de un procedimiento de juicio político contra las autoridades municipales que pudieran resultar responsables, siempre que se acrediten conductas previstas en la legislación aplicable. Precisó que las posibles sanciones dependerán de las investigaciones y de las resoluciones de las instancias competentes.

Para fundamentar su postura, Gámez Macías invocó el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en la administración de los recursos públicos, así como la obligación de los servidores públicos de aplicarlos con imparcialidad y sin afectar la equidad de la competencia electoral.

También hizo referencia a disposiciones de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí y de la legislación electoral relacionadas con el manejo del presupuesto y las responsabilidades de los servidores públicos.

El artículo 135 de la Constitución estatal establece que los recursos económicos de los ayuntamientos deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para cumplir los objetivos a los que están destinados.

Por su parte, el artículo 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales contempla sanciones para servidores públicos que utilicen ilegalmente fondos, bienes o servicios a su disposición para apoyar o perjudicar a partidos, candidatos u otros actores políticos, así como para quienes presten servicios a favor de estas estructuras durante sus horarios laborales, en los supuestos previstos por la norma.

Gámez Macías insistió en que las investigaciones deberán determinar si existe alguna conducta irregular y, en su caso, identificar a los responsables.

Reproducción autorizada citando la fuente: Quadratín SLP
Síguenos en: Facebook | WhatsApp | X | Instagram | YouTube