Visión Financiera 

Quien impulsa un marco jurídico para dar certeza a la inversión en el país es el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar. Su iniciativa, la Ley de Inversiones en Materia de Infraestructura para el Bienestar, tiene un objetivo claro: movilizar recursos y atraer inversión.

Cuando el presupuesto que el Estado destina a proyectos de infraestructura no es suficiente, es necesario apostar por esquemas de coinversión público-privada.

La propuesta plantea la necesidad de un marco jurídico sólido que garantice la certeza de las inversiones y convierta los proyectos de infraestructura en un beneficio tangible para la ciudadanía.

Al combinar fuerzas, el sector público y el privado aportan recursos y comparten riesgos. La iniciativa privada, en particular, contribuye con capital, experiencia técnica, eficiencia y gestión; mientras que el gobierno de Claudia Sheinbaum aporta regulación y acceso a los servicios públicos.

Para analizar la iniciativa, el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México organizó un foro con especialistas en desarrollo y energía, así como representantes del sector empresarial. En algo coincidieron todos: es indispensable planear proyectos a largo plazo que trasciendan administraciones y coyunturas políticas.

El llamado es a establecer reglas claras, certidumbre jurídica y mecanismos de rendición de cuentas, de modo que la participación privada contribuya al desarrollo sin comprometer el interés público.

Descentralizar los beneficios de la infraestructura permite llegar más allá de las grandes ciudades, alcanzando comunidades rurales y zonas marginadas. Eso es lo que realmente trasciende.

*** Tijuana se suma al cumplimiento de normas

Con miras a reforzar la competitividad de las empresas mediante el cumplimiento de normas y estándares, incluidas las ambientales en los sectores productivos, la Entidad Mexicana de Acreditación (ema), que preside Raúl Tornel, junto con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), de Mariana Boy; Mónica Vega Aguirre, secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable en Baja California; organismos empresariales, y representantes de las Unidades de Verificación de Instalaciones Eléctricas (UVIESAC), celebró la Jornada de Normas y Acreditación. 

En la sede de la CANACINTRA Tijuana, se dieron cita empresarios, industriales y profesionales de sectores regulados, para nutrirse sobre conceptos de normalización, estandarización, acreditación, evaluación de la conformidad y metrología, vitales para asegurar que los productos y servicios en el mercado cumplan con estándares que protegen la salud, la seguridad de los consumidores y el medio ambiente.

*** ¿Litigio estratégico?

TOME NOTA *** Egresado de la UNAM e hijo del exprocurador Pedro Ojeda Paullada, el abogado Pablo Héctor Ojeda Cárdenas alcanzó posiciones relevantes en la política estatal, y de manera paralela, también acumuló señalamientos por presuntos vínculos con tramas de corrupción y procesos judiciales. 

En Morelos, su papel como secretario de Gobierno quedó empañado por denuncias de omisión en un linchamiento y acusaciones públicas del ombudsman estatal. Aun así, distintas versiones dentro del ámbito judicial apuntan a que Ojeda se mantiene activo tras su salida del gabinete de Cuauhtémoc Blanco. 

Se comenta que sigue operando en la capital del país de la mano de penalistas igualmente polémicos como Adrián Arellano Regino y su hermano, Irving Arellano Regino, así como Ricardo Mc Gregor Uriarte y Leopoldo Vega, quienes hace poco conformaron el despacho Vega Mac Gregor Arellano. 

Vale la pena seguir de cerca los expedientes en los que se involucran, pues podrían revelar intereses cruzados o maniobras que merecen ser revisadas.