Visión Financiera 

Capufe avanza en modernización carretera con limpieza a fondo 

Caminos y Puentes Federales (Capufe), que encabeza Rubén Hernández Bermúdez, desarrolla una estrategia de modernización de su red carretera enfocada en tres ejes: mantenimiento integral, incorporación de tecnología y fortalecimiento de la seguridad vial. El objetivo es optimizar la movilidad, reducir tiempos de tránsito y mejorar la atención a millones de usuarios que utilizan su infraestructura a diario.

La apuesta cobra relevancia frente a un panorama nacional en el que gran parte de las carreteras federales operan con sistemas y equipos que no se han actualizado en años, lo que ha limitado su capacidad de respuesta y eficiencia. La red actual, obsoleta y con bajo nivel de automatización, genera ya por sí sola una merma en la recaudación, derivada del manejo poco trazable del efectivo.

Una de las medidas centrales para impulsar esta transformación fue la licitación pública nacional LA-09-J0U-009J0U001-N-91-2025, destinada a contratar el servicio de mantenimiento de equipos de control de tránsito en plazas de peaje y telepeaje de las redes CAPUFE, el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) y el tramo México-Puebla.

El fallo, emitido el pasado 31 de julio de 2025 validó como solventes las propuestas técnicas y legales de dos de los participantes: Hitachi Rail GTS México, que recibió cinco partidas y OfiStore, con seis, tras cumplir los requisitos y no rebasar los techos presupuestales establecidos.

La inclusión de nuevos proveedores responde a la necesidad de renovar un esquema de servicio que, en algunos casos, operó sin cambios por décadas. Entre las empresas desplazadas, hay algunas que conservaron el monopolio del servicio durante hasta 30 años, acumulando deficiencias operativas y mantuvieron en obsolescencia tecnológica las plazas de cobro de la red nacional.

Ejemplo de ello son las penalizaciones aplicadas en 2024 por incumplimientos en mantenimiento correctivo: Controles Electromecánicos recibió sanciones por más de 2 millones 166 mil pesos (312 facturas); Kapsch por más de un millón 944 mil pesos (282 facturas) y Revenue por un monto superior al millón 254 mil pesos (177 facturas).

Por su parte, las ganadoras: OfiStore, fundada en 1995, desarrolla soluciones de tecnologías de información y servicios técnicos para el sector público y privado, incluyendo sistemas de seguridad y señalización industrial. Mientras que Hitachi Rail GTS México pertenece a un grupo con más de 100 años de experiencia en sistemas ferroviarios y de control automatizado.

El plan de modernización de Capufe también prevé la transición al cobro electrónico en las autopistas que opera. A partir de enero de 2026, la mayoría de las casetas aceptará únicamente el dispositivo TAG, con lo que se busca reducir el tiempo de cobro, al pasar de 30 segundos con pago en efectivo a un segundo con el dispositivo electrónico.

Capufe administra actualmente casi 4 mil kilómetros de autopistas, 17 puentes nacionales y 12 internacionales. La implementación del TAG forma parte de un esfuerzo por agilizar el tránsito y disminuir pérdidas operativas, en coordinación con operadores de telepeaje y autoridades de los tres niveles de gobierno. 

La estrategia institucional contempla la revisión de modelos internacionales de automatización y gestión vial, como los de Reino Unido y Dubái, con el fin de identificar prácticas aplicables en México.

Asimismo, la dependencia ha reforzado la colaboración con la Guardia Nacional de Hernán Cortés Hernández, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Omar García Harfuch, para desplegar sistemas de vigilancia y atención de emergencias en tramos federales. Esta coordinación forma parte de una estrategia integral de seguridad vial, orientada a reducir riesgos tanto para usuarios como para personal operativo.

*** Litigios nublan a Grupo Zeta Gas

En los próximos días sera decisivo para el prolongado litigio de Evangelina López Guzmán, quien fuera esposa de Miguel Zaragoza Fuentes y dice ser propietario de Zeta Gas, a pesar de haber ignorando la Ley y los litigios perdidos. 

Desde 2014, Evangelina López Guzmán sostiene una batalla legal contra su exesposo, el empresario gasero Miguel Zaragoza Fuentes, fundador del poderoso Grupo Zeta Gas. 

El conflicto inició en el condado de Harris, Texas, con una demanda de divorcio que pronto se transformó en un complejo litigio internacional por la división de bienes. Tribunales estadounidenses emitieron resoluciones favorables para Evangelina, incluyendo la distribución de activos, pero su cumplimiento ha sido obstaculizado por apelaciones, recursos y tácticas dilatorias. Entre los episodios más notorios en Estados Unidos destacan órdenes de aprehensión por desacato, derivadas de la inasistencia del empresario a citatorios judiciales. 

Mientras en Houston se libraba esta batalla, el caso tuvo repercusiones en México y Costa Rica. En ambos países se abrieron frentes judiciales y administrativos para definir quién tenía el control operativo de Gas Zeta, lo que generó incertidumbre entre trabajadores, advertencias de desabasto e incluso movilizaciones laborales. Las resoluciones y recursos interpuestos en estas jurisdicciones evidenciaron que el pleito trascendió el ámbito privado para impactar en el plano empresarial y social. 

Este caso, muestra que a todas luces obedece a intereses políticos y económicos, pues la Ley deja de ser un derecho y se convierte en un privilegio para quienes pueden manipularla. Una red de abogados con poder político y conexiones panistas beneficiaron a Miguel Zaragoza Fuentes, y que lejos de buscar justicia, su actuación ha consistido en desgastar y frenar el proceso.

Entre los implicados están Eduardo Romero Ramos, señalado por invalidar pruebas clave y presentar recursos para retrasar el juicio; Diego Fernández de Cevallos, acusado de usar su influencia política para paralizar resoluciones; Marco Antonio del Toro Carazo, conocido por defender a personajes polémicos y operar con tácticas dilatorias; Fernando Gómez-Mont Urueta, quien recurrió a tecnicismos y prórrogas para evitar un fallo de fondo; y Luis Alfonso Cervantes Muñiz, denunciado por presentar escritos falsos que simulaban el desistimiento de su clienta.

Testimonios apuntan a una colusión con jueces y autoridades en Jalisco, donde los amparos se resuelven rápido cuando benefician a la contraparte, pero se frenan inexplicablemente cuando favorecen a Evangelina. El patrón es claro: prolongar el caso hasta que la edad y salud de la demandante la dejen fuera de la pelea.

*** Organismo Europeo da manotazo a Martínez Araiza por piratería de Marcas 

La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea,  que sirve de árbitro de marcas comerciales en Europa acaba de dar un manotazo a los piratas de Frida Kahlo y uno de ellos es Alejandro Martínez Araiza.

En el mundo de la propiedad industrial en México y ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que dirige Santiago Nieto, el líder del SNAC es conocido como un «Pirata de Marcas» que registra a su nombre y para beneficio personal,  con el consentimiento de su comité ejecutivo.

Registró como marca comercial el nombre de la agrupación sindical ante el IMPI en 2021 y 2022, en las clases 45 y 41 para ostentar la propiedad de la marca bajo los folios 190361 y 190365.

También registró ante el IMPI  avisos comerciales que utiliza ese Sindicato como “slogans” como: «Transformando Vidas para el Bien Común» (7 de junio 2022), con los registros 125921 y 125922.

Además, la plataforma PLIIS, con el registro 2102866, que según sus dichos es una herramienta para que los trabajadores de su sindicato “accedan a la información y a los beneficios”, mismos que se les otorgan mediante un módico pago mensual de 90 pesos a cada uno de los 17 mil trabajadores afiliados.

 Los registros mencionados deberían ser propiedad del sindicato, pero en realidad son parte de su promoción personal que él utilliza como propaganda frente a sus agremiados. Todo es de él, nada del sindicato o de los trabajadores. Su comité ejecutivo agacha la cabeza y solapa todas sus abusos.

Apenas el 27 de julio pasado, la Oficina de Propiedad Industrial de la Unión Europea, determinó que todas las categorías de marcas relacionadas con Frida Kahlo pertenecen en México y en el mundo, a la familia de la artista mexicana, con lo cual está descalificando los derechos que piden el empresario venezolano Carlos Dorado Fernández,  el propio líder sindical Alejandro Martínez Araiza y otros presuntos delincuentes de la propiedad industrial, por robar marcas que son patrimonio cultural y comercial de una artista mexicana.

La piratería de marcas y de la propiedad industrial en México (artículo 270 del Código Penal) es un delito que se sigue de oficio y los delitos graves pueden conllevar penas de prisión de hasta cinco años y multas millonarias en proporción al daño de los bienes protegidos por las marcas.

*** Sheinbaum y su alfil

TOME NOTA*** El entorno político de la Presidenta Claudia Sheinbaum, internacional y nacional, cada día se muestra más complejo y retador. Por un lado el gobierno de Donald Trump se muestra cada día más beligerante y ávido de conflicto conforme su popularidad decae, y en casa múltiples gobernadores y obradoristas de cepa han quedado a deber con sendos escándalos mediáticos. 

En este contexto hay que estar atentos a lo que dirá el diputado Alfonso Ramírez Cuellar en su Primer Informe de Gobierno en Hidalgo, tras recorrer todo el país con los foros Construyendo Justicia para impulsar la Reforma Electoral y convertirse en uno de los operadores más valorados por la Presidenta, pues el barzonista le ha aligerado la carga, todo lo contrario a otros insignes morenistas que parecieran empecinarse en complicarle su gestión.

Quien hubiera adivinado a principios de año que la oposición más exitosa contra la 4T serían ellos mismos, de ahí la importancia de perfiles como Ramírez Cuéllar.