Vía rápida

Hay un anglicismo que alude a la metáfora de “irse por la libre”; es decir, pasar por alto cualquier elemento procesal legítimo con la finalidad de cumplir una voluntad arbitrariamente.

Así, de lo que sí se trata la expresión fast track, es violentar, por intereses unilaterales, la voz y necesidades de minorías; implica una sub-representación aplastada por la transgresión de procedimientos formales; es vasallaje, pues.

Eso es lo que ha sucedido en la Cámara de Diputados de la LXV legislatura; el pasado 25 y 26 de abril fuimos testigos del desaseo en que opera el poder legislativo por seguir ciegamente las instrucciones de Huey Tlatoani, México creía haber dejado atrás las legislaturas de levantadedos pasivos para obtener el balance entre poderes del Estado hacia una mejor república y sociedad, pero no.

Fueron 9 iniciativas aprobadas en vía rápida, en unas pocas horas, sin lectura, análisis ni dictámenes completos; como el caso de la iniciativa de reforma en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación, CTI, donde de 7 Parlamentos Abiertos convenidos sólo fueron realizados 2, así se emitió el dictamen de las comisiones unidas correspondientes, sin escuchar razones de la comunidad conocedora de una materia caracterizada por la exigencia de experiencia y dominio técnico.

Lo dijimos en este espacio será palo dado en San Lázaro, no les importó el Parlamento Abierto, ahora las opciones yacen en el Senado, dónde se dice respetarán el proceso legislativo de análisis, o bien se interpongan recursos legales ante la SCJN por violentar los elementos procesales legislativos en San Lázaro.

Otro señalamiento que este espacio ha resaltado es el riesgo de la militarización del ecosistema científico mexicano, lo anterior ya que, si se decreta la reforma con el texto como está, las fuerzas armadas, FA, formarán parte de los organismos definitorios de las políticas públicas en CTI.

Como contexto, si el CONACYT cuatroteísta ha sostenido al director del CIDE, a quien se le ha demostrado plagio de obra, falta de probidad inadmisible y muy grave en la CTI, ¿qué impediría que esta inercia lleve al nombramiento de militares para dirigir cualquier CPI-CONACYT?, es decir, las FA ya estarían en la Junta de Gobierno de ese consejo.

De no detenerse en el Senado, dónde ya han llegado las minutas, o por la SCJN, que requerirá de actos por diputados de la oposición, la reforma en materia de CTI será decretada como está y llegarán elementos de las FA a influenciar las decisiones de un consejo que debe ser netamente civil; aun cuando atendiera requerimientos y necesidades de proyectos científicos por demanda específica, ese es otro cantar.

Entonces, si se decreta como ley en materia de CTI y entra en vigor, la alternativa está en la boleta del 2024, donde el electorado poder optar por balancear los poderes y luego cabildear una contra-reforma en CTI; de no suceder esto último será un daño irreversible e irreparable.

En el caso de decretarse como ley y entrar vigor, aunado a una composición de la próxima legislatura similar a la actual, olvidémonos que CONACYT evolucione a un Organismo Constitucional Autónomo, OCA; no será una agencia autónoma del Estado Mexicano para definir políticas que fortalezcan el ecosistema científico nacional, obtendremos un consejo que impondrá una Agenda Nacional en CTI, misma que deberá ser cumplida en todo el territorio y todo orden de gobierno, hecho que fortalecerá la injerencia castrense.

En parte, si sucede lo desastroso, la responsabilidad también está en el exdirector de CONACYT, quien lo fuera todo el sexenio de EPN, quien, además, a pesar de ser teórico del asunto, no tuvo capacidad de gestión ni fuerza de negociación para impulsar una reforma tal que CONACYT fuese un OCA; recordemos que a Huey Tlatoani no le da para reformas constitucionales, sólo reformas de leyes secundarias; el hubiera no existe, aquí consecuencias de la inacción.

No lo dude, de concretarse el desastre, aumentará la fuga de cerebros en próximos decenios.