Unidad en el Congreso: ¿Triunfo o derrota moral?

Cuando el gobierno se involucra en negocios, los negocios se convierten en política y la política se convierte en corrupción: Patrick O'Rourke

Con el apoyo unánime de los 472 diputados presentes en la sesión del martes 10 de marzo —opositores y oficialistas— fue elegido Aureliano Hernández Palacios Cardel como el nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para el periodo 2026-2034. Lo que parecería buena razón para aplaudir es motivo preocupante que retrata la naturaleza de nuestra clase política.

Luego de acres confrontaciones ideológicas y hasta agresiones físicas los integrantes de la Cámara de Diputados, la encarnación de la soberanía popular logró un consenso, lástima que este no beneficiará al pueblo, pues no se trata de cumplir con la encomienda de fiscalizar la cuenta pública, o sea el buen uso de los recursos federales por parte de los tres poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), los órganos autónomos, estados y municipios.

Se unieron para elegir a un auditor, y sus críticas aseguran que pertenece a un equipo experto en realizar revisiones obsequiosas para el servidor público responsable de obras o prestación de servicios, con resultados improbables de "cero observaciones", al menos esa es la fama que guarda el equipo de David Rogelio Colmenares Páramo, titular de la ASF del 15 de marzo del 2018 al 10 de marzo de 2026.

Investigaciones amplias y bien documentadas sobre el mal desempeño de Colmenares fueron realizadas por la decana de transparencia y exdiputada federal María Elena Pérez-Jaén Zermeño y la auditora forense Muna Dora Buchahín, ambas entrevistadas este miércoles 11 de marzo por la periodista Carmen Aristegui en su noticiario.

Además de las críticas de las expertas quienes dicen ostentar pruebas de alta corrupción en el equipo del auditor saliente, existen evidencias de que Colmenares Páramo fue complaciente con la administración de López Obrador, a la que sólo realizaron 28 auditorías entre 2019-2024 —representan la séptima parte de las 191 realizadas en la segunda mitad del sexenio de Peña Nieto—, con disminución del 81% en la recuperación de los recursos.

Sin embargo, David Colmenares buscó la reelección como auditor, quería otros 8 años en Jauja. Esto pese a las acusaciones que le han hecho sus críticas y críticos por fiscalizar "a modo". Como ejemplos, en 2020 auditó solo el 0.014% del costo de la refinería Dos Bocas y canceló 114 auditorías durante la pandemia de Covid.

Pero lo más alarmante es que ante el enojo del presidente López Obrador porque la ASF dio a conocer un costo de 331 mil 996.5 millones de pesos por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), ajustó las cifras y "admitió inconsistencias" para reducir en 218 mil 669.4 millones de pesos las pérdidas, así quedaron en 113 mil 327.1 millones de pesos, cantidad concordante con la estimación de AMLO. Así o más condescendiente el exauditor con el poder.

El nuevo auditor Aureliano Hernández Palacios Cardel, quien recibió el beneplácito unánime de los diputados, ha externado su lealtad al equipo de David Colmenares; pero además es hijo de Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón, exsecretario particular de la presidente Claudia Sheinbaum cuando fue jefa de gobierno de la CDMX. Estas cartas credenciales para la exlegisladora Pérez-Jaén "muestra una cercanía con el poder que contamina y genera muchísimas sospechas".

La auditora forense Dora Buchahín por su parte presentó en Aristegui Noticias un mapa de vínculos familiares en el que figura el nuevo auditor superior de la federación, quien llegó a la ASF de la mano de Emilio Barriga y se convirtió en su colaborador más cercano.

Barriga aspiró también al más alto cargo en la ASF, para ello renunció como auditor especial de Gasto Federalizado, donde estuvo 5 meses, y antes fue director general de Gasto Federalizado (de 2020 a octubre 2025). Sobre él pesan acusaciones de graves irregularidades en cuentas públicas estatales y municipales.

Buchahín presentó el diagrama con los nombres de varios integrantes de la familia Hernández Palacios como parte de grupos de poder, corrupción e impunidad que operan en la Auditoría Superior de la Federación y en otras áreas de fiscalización y control del gobierno federal, les llamó "el cartel" que opera como red de protección e impunidad desde 2018 hasta la fecha.

Hace 42 años, cuando se creó la Secretaría de la Contraloría General de la Federación (CGF) como parte de la política de renovación moral de la sociedad, en el sexenio de Miguel de la Madrid, se acostumbraba decir que había que crear una cultura ciudadana de servicio público, que abarcara el servicio profesional de carrera para controlar y normar a los servidores de la Administración Pública Federal. Se decía que se perdía más por ineptitud e ineficiencia que por corrupción.

Desde entonces las contralorías internas y externas de dependencias y entidades públicas, al menos la mayoría, no vigilaban las finanzas sanas y el manejo probo de los recursos. Generalmente los profesionales contables internos actuaban para justificar gastos personales excesivos de los altos funcionarios y sacar a flote a la cabeza institucional frente a requerimientos externos.

Por su parte, la Secretaría de la Contraloría pronto se dio cuenta de que no todos los servidores públicos eran iguales, había sectores poderosos e intocables, como la Presidencia de la República, las Fuerzas Armadas y PEMEX, entre otras dependencias a quienes acabó por no exigirles demasiado.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) fue creada tras la reforma constitucional de 1999, sustituyó a la Contaduría Mayor de Hacienda (existente desde 1824), y entró en funciones el 1 de enero de 2000.

Surgió en un contexto de transición democrática y exigencia ciudadana de rendición de cuentas y transparencia, con facultades para auditar los recursos públicos federales con autonomía técnica y de gestión, dentro de la Cámara de Diputados.

Respondió a la necesidad de mayor control en el manejo del presupuesto por parte de los tres Poderes de la Unión, con atribuciones de fiscalizar la Cuenta Pública Federal de manera autónoma, profesional y técnica y auditar a los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo, Judicial), órganos autónomos, estados, municipios y a cualquier ente que maneje recursos públicos federales.

Su desempeño permitiría comprobar si los recursos se ajustaron a los criterios presupuestales y si se cumplieron los objetivos de los programas, y de no ser así podría fincar responsabilidades a funcionarios y promover acciones ante las autoridades competentes por irregularidades. Posteriormente, con la reforma de 2015, se consolidó como la cabeza del Sistema Nacional de Fiscalización.

Este gobierno, autoproclamado como de la Cuarta Transformación, ha marcado un punto de inflexión en la transición democratizadora, aduce razones de austeridad y centraliza todo en el poder Ejecutivo: las funciones de transparencia, acceso a la información y fiscalización, antes a cargo de siete órganos autónomos, hoy pasaron a la nueva Secretaría de Anticorrupción y de Buen Gobierno.

¿Quién pierde cuando fallan los controles de la hacienda pública y se suman a la percepción creciente de desgobierno y corrupción? Pierde el pueblo mexicano, no la entelequia ideológica inventada por un movimiento, sino todos los que conformamos esta gran nación, hoy tan injustamente demeritada.