Trump quiere Iniciativa Mérida II: seguridad nacional militarizada

La ofensiva repentina del presidente Donald Trump contra México para obligarlo a sellar su frontera con nuestro país y obligar a México a sellar su frontera chiapaneca, pareció responder a la decisión del gobierno del presidente López Obrador de cancelar la Iniciativa Mérida, un acuerdo antidrogas firmado por el presidente Felipe Calderón y el presidente George W. Bush en junio del 2008, después de la ofensiva castrense contra los cárteles del narco iniciada en Michoacán el 11 de diciembre del 2006.

Ese compromiso era mucho más que la entrega de material militar estadunidense a México parta combatir al crimen organizado. Fue la consolidación de una nueva etapa de presencia militar estadunidense en México, sin tropas regulares ni bases militares, en operativos contra el narco para comenzar a destruir a los cárteles que ya tenían estructuras de representación dentro de los EE. UU.

El fin de la Iniciativa Mérida representó el final de esa presencia militar estadunidense en México, constreñida a asuntos de lucha contra el narco, pero de paso observando los pozos petroleros mexicanos. Y ahora Trump presiona para un nuevo acuerdo con mayores ventajas para Washington que el anterior, porque México lo canceló sin enfoque estratégico ni de seguridad nacional.

El actual conflicto de los EE. UU. con México, por lo tanto, tiene un trasfondo en el que México ha dejado de priorizar en los seis meses de la Administración de López Obrador: las relaciones militares, pero no de ejército sino de enfoque: en la actual coyuntura de la geopolítica –Rusia, China e Irán entrando al continente americano por el sur y el Caribe– la comunidad de los servicios militares de geopolítica y seguridad nacional perdieron sus posiciones en México atadas justamente a los problemas de migración y drogas.

México ha sido considerado, por su grado relativo de independencia y autonomía, el problema número uno de seguridad nacional de los EE. UU. La decisión del presidente López Obrador de cancelar la Iniciativa Mérida y suspender los acuerdos de colaboración militar condujeron al endurecimiento estadunidense.

Desde los tiempos del presidente Díaz Ordaz, México fue muy cuidadoso en mantener relaciones militares de intercambio que impidieran la exigencia estadunidense de instalar bases militares en México por los tres puntos estratégicos mexicanos en la seguridad nacional de los EE. UU.: petróleo, puerta migratoria y drogas.

Al margen de los sentimientos nacionalistas, los nueve cárteles principales del narco mexicano ya operan directamente dentro de los EE. UU. y, según oficinas antidrogas, controlan el mercado al menudeo en más de tres mil ciudades estadunidenses, lavan su dinero en oficinas financieras y han contribuido a estimular el consumo de estupefacientes. Ahí se localiza el interés de Trump por regresar a funcionarios de inteligencia, seguridad nacional y militares a oficinas mexicanas.

El tema de los migrantes en el gobierno estadunidense es un asunto de seguridad nacional por la llegada sin investigación de cientos de miles de migrantes y por el desequilibrio racial. México alentó el paso de migrantes centroamericanos a los EE. UU. que habrían cruzado de manera ilegal la frontera chiapaneca. Y el proceso migratorio de ilegales que son capturados obliga a los EE. UU. a ficharlos y a liberarlos dentro de territorio estadunidense sin capacidad para vigilarlos. No todos son terroristas, pero andan sueltos buscando empleo.

La presión de Trump sobre México forma parte de las medidas radicales de seguridad nacional del gobierno estadunidense. México, en cambio, asume la soberanía sin enfoques de inteligencia estratégica, seguridad nacional o geopolítica. Lo que los EE. UU. quieren es regresar al modelo de interrelación militar que tenía la Iniciativa Mérida. En el pasado, México asumió como inevitable esa presencia militar, pero la prefirió abierta en temas de narco y migración y no de espionaje total desde la embajada estadunidense en México.

Si alguien sabe de este modelo es Marcelo Ebrard. Como asistente político de Manuel Camacho Solís vivió la gran ofensiva de 1985 del embajador John Gavin, el ultraderechista senador Jesse Helms y el gobierno de Reagan que no se resolvió con la marcha nacionalista de ese año, sino con la reafirmación de la relación militar México-EE. UU. que el gobierno de Miguel de la Madrid, nacionalista y tecnocrático, no había entendido.
El desacuerdo actual se puede plantear así: los EE. UU. esgrimen un enfoque de seguridad nacional sin soberanía, en tanto que México ondea la soberanía sin seguridad nacional.

Cacahuates. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México mantenía observadores del CISEN en plazas importantes en el extranjero, pero fueron canceladas por la austeridad. Los reportes burocráticos a la cancillería pecan de descuido, para decir lo menos. En cambio, cuando menos doce oficinas de inteligencia y seguridad nacional de los EE. UU. mantienen en México nutridas oficinas de análisis.

Política para dummies: La política es una estrategia de inteligencia y seguridad nacional, en mayor o menor medida, no el discurso nacionalista.

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