Tragedia de Torreón, lógica donde hubo pozolero, San Fernando, los 43…

El incidente del niño de 11 años en Torreón, Coahuila, que usó dos pistolas para reproducir el Columbine estadunidense de abril de 1999 no debe llevar a meas culpas sino al análisis racional: en una sociedad marcada por la violencia cotidiana, con imágenes diarias de asesinados y sin filtros sociales, todos, cualquiera, pueden estar sujetos a conflictos de ejercicio de la fuerza como protesta.

Lo ocurrido en la escuela primaria de Torreón en compatible con lo que hemos visto y vivido sin pestañear: el pozolero que diluyó en ácido a 300 personas, la matanza del municipio tamaulipeco de San Fernando en 2010 con 72 muertos, los cientos de miles de cadáveres enterrados en fosas clandestinas, los 60 mil mexicanos desaparecidos, los cuerpos incinerados de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, los ladrones que abusan de su fuerza en calles, restaurantes y transportes públicos, los corruptos exonerados por complicidades de poder, en fin, los delincuentes que han tomado el control de la sociedad y viven en la impunidad.

Si todo se redujera a una mochila, el problema de armas en equipos educativos de los alumnos sería fácil de resolver: que el gobierno regale mochilas transparentes y no abuse del poder colocando a los niños en fila, con policías armados y perros revisando sus mochilas, criminalizando a millones por, hasta ahora, menos de diez casos de armas introducidas en escuelas.

Aunque duela o no guste, la tragedia de Torreón era inevitable en el escenario de autoridades municipales, estatales y federales sin capacidad ni sensibilidad para asumir la seguridad con un enfoque integral, no sólo policiaco, sino social, educativo, moral. Los responsables de la educación en los tres niveles han sido incapaces de crear un modelo de programa educativo que sensibilice a los niños sobre la violencia criminal. El niño José Ángel de Torreón recuerda a los halconcitos menores de edad que sirven a los cárteles, a los niños sicarios que cometen asesinatos, a los niños delincuentes que son usados justamente porque las leyes no encaran la criminalidad infantil.

Las escuelas han carecido de supervisión educativa federal para construir programas de entrenamiento a maestros sobre la violencia, obligar a tener consultorios de atención psicológica para supervisar desde lejos los estados de ánimo de los alumnos, no hay programas de difusión de la violencia en las escuelas, no existe supervisión de las escuelas sobre los núcleos familiares donde se saben de conflictos de violencia y desintegración familiar. Los maestros, a su vez, están más preparados para la lucha social, que para convertirse en instancias de supervisión de alumnos.

Ahora la respuesta se reduce a criminalizar a niños y sus mochilas, a todos, a intimidar a los estudiantes con amenazas policiacas dentro de sus espacios educativos, a meter a policías tipo SWAT a las escuelas para revisar de manera agresiva las mochilas con perros también amedrentadores, a mirar a los niños como potenciales columbines en serie, a culpar a los videojuegos de la violencia que los niños ven en la vida real en redes y medios, en fin, a desdeñar un hecho irrefutable: la violencia criminal ha rebasado a las autoridades y los ciudadanos se tienen que armar para su autodefensa, aunque algunas de esas armas familiares sirvan para asesinar maestros y compañeros.

En los EE. UU. ha ganado el enfoque de violencia: permitir que maestros porten armas como una forma de inhibir a los alumnos columbines, como en el viejo oeste que se conquistó a sangre, fuego y linchamientos. No se sabe las razones que tuvo el abuelo de José Angel para tener armas en casa, fuera o no legales, con el dato no preciso de que puede haber en México más de dos millones de armas ilegales adquiridas con la incapacidad o complicidad de las autoridades. Si las armas de José Ángel hubieran sido legales, ¿habría un atenuante contra su delito?

México entró en la dinámica de la violencia criminal en 1984 con las pruebas de que la Federal de Seguridad de Gobernación y la Policía Judicial de la Procuraduría General estaban protegiendo a cárteles del narcotráfico. A la vuelta de 36 años las cosas están peor. Y ahora con el agregado de tragedias sociales de víctimas de la violencia no criminal.

La estrategia de seguridad del gobierno federal exige una parte social. Duele el caso de José Ángel, pero preocupa más los miles de niños que ya trabajan para el crimen organizado, que las autoridades ya lo tienen registrado y que nada se haya hecho para alejar a los niños y jóvenes de la violencia.

Torreón es el reflejo de lo que es el México de la violencia.

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