Suprema Humillación

Las verdaderas autoridades viven en un equilibrio constante entre el poder y el deber. A los ciudadanos elegidos como autoridades, la sociedad civil les otorga facultades para ejercer su función en el marco de la ley. El supremo comandante de las fuerzas armadas en México, como todos sabemos, es el presidente de la República. Tiene la responsabilidad de dirigir y comandar las fuerzas del orden para la persecución del crimen, a ellos también la ley les faculta ciertas atribuciones para poder realizar estas encomiendas.

La ley obliga y la ley protege, pero también sanciona. Los derechos humanos son una ley universal a la cual México está adscrita. Y no hay ninguna discusión al respecto de que las autoridades de todos los niveles deben respetar la ley y por principio los Derechos Humanos. Pero dentro de las normativas qué engloba este tema se contempla la necesidad de qué los servidores públicos tengan las facultades apropiadas para poder ejercer fuerza represiva y letal para proteger a la sociedad civil y defenderse a sí mismos.

Cuando tienes en tu país a algunos de los grupos criminales más letales y peligrosos del mundo es imprescindible sopesar el equilibrio antes mencionado entre el poder y el deber. Pero como autoridad no puedes dudar, ni mostrar debilidad o incapacidad. Los grupos criminales no lo hacen. En su arrogancia inmoral se enfrentan a otros grupos criminales y a las autoridades con toda la fuerza que poseen, y que como es bien sabido, es en muchos casos desmedida. La autoridad entonces debe de hacer uso de las facultades que la ley le otorga, aunado a factores como la inteligencia y el propio valor de los hombres y mujeres que forman las fuerzas del orden y las defensas de la nación. Y repito todo debe de ser dentro del marco de la legalidad y el respeto a los Derechos Humanos pero no quitando el dedo en el renglón de qué es para proteger a la sociedad civil y defensa propia.

En ese sentido, un gobierno timorato y declaradamente cómplice del crimen es intolerable. No solo está fallando en su obligación y responsabilidad de ejercer la persecución de justicia sino que está fallando a esos hombres y mujeres que arriesgando su vida por decisión propia manifiesta, deben hoy soportar ellos las humillaciones de los criminales con la anuencia y beneplácito de la máxima autoridad de la república.

Tome nota querido lector, no existe ni ha existido nunca una muestra más grande de una cobardía en la administración pública como la mostrada por el presidente Andrés Manuel López Obrador quién en los tres años que lleva de gobierno se ha arrojado completamente a los pies de los criminales sin hacer ni siquiera parte del trabajo que se le encomendó.

Por supuesto que algunos criminales votan, pero el poder que tienen actualmente dentro de la política mexicana no se encuentra en las urnas. Como es fácil de entender su poder está más ligado a los vínculos corruptos que están por debajo de la mesa, dónde la cuarta transformación niega la existencia de tráfico de influencias y compra de conciencias, pero es más que obvia cuándo visualizamos las incompetentes manifestaciones del presidente, son sin duda la punta del iceberg.

La propuesta de amnistía al narco, la liberación de uno de los grandes señores del crimen, las constantes acusaciones (sin detenciones) de autoridades de sexenios pasados, la amable vinculación afectiva con los parientes del Chapo Guzmán y la orden precisa a las fuerzas armadas de no enfrentar a los criminales, ni cuando ponen en peligro a la ciudadanía, es en todo orden una manifestación de qué el gobierno actual está completamente absorbido por los grandes grupos del crimen organizado.

Este monero no niega la posibilidad de que las administraciones anteriores tuvieran vínculos parecidos, pero siquiera trataban de mostrar una cara al público y resultados suficientes como para sentirnos un poco más tranquilos y dejar la duda al menos en la imagen internacional. Pero hoy que gobierna el narco por encima del gobierno y se hace la voluntad de quién atenta contra la vida de los ciudadanos de forma directa con plomo, e indirecta con estupefacientes, la sensación de seguridad prácticamente se ha perdido y el resto del mundo empieza a percibir nuestro estado como un vulnerable, indefenso y sometido país de indiferentes agachones y pusilánimes.