Slim, magnates y Peña se blindaron en 2016 ante victoria de AMLO en 2018

Detrás de la ratificación de la renovación del Título de Concesión de Telmex en marzo de 2023 que abrió el texto del periodista José Martínez Mendoza se encuentra una historia de poder:

Ante los efectos desastrosos en el gobierno de Peña Nieto por la denuncia de la Casa Blanca y con indicios de que el candidato Andrés Manuel López Obrador se perfilaba en las encuestas como el ganador de las presidenciales de 2018, los más importantes magnates de las empresas privadas que formaban parte del grupo de poder presidencial adelantaron reformas para quitarle facultades al sucesor.

Una de las más importantes fue en el rubro de las telecomunicaciones. El presidente Peña Nieto promovió en 2014 una reforma para quitarle al presidente de la república la facultad de firmar la renovación de títulos de concesión de televisoras y telefónicas y trasladarle esa decisión al Instituto Federal de Telecomunicaciones que había sido formado por incondicionales del presidente de la república.

En 2016 Ricardo Salinas Pliego pagó 3,880 millones de pesos por la renovación de su concesión televisiva y Emilio Azcárraga liquidó 5,666 millones de pesos y evitar la decisión en el gobierno previsible de López Obrador. Slim y Telmex pagaron la fabulosa cantidad de 5,742 pesos ($5,742) con la justificación del IFT de que Telmex no operaba en el caro espectro televisivo.

Las cifras son kafkianas: Slim pagó 1,734 millones de dólares (él solo aportó 442.8 millones de dólares) para conseguir la concesión de Telmex en 1990 –con dinero prestado y con cargo a utilidades futuras, un negocio especulativo– y para operar la empresa hasta 2056 ahora paga 5,742 pesos.

El pago adelantado de la renovación del Título de Concesión de Telmex en 2016 tiene que pasar, en marzo de 2023, por la ratificación que tendría que hacer el IFT, hoy bajo la mira del presidente López Obrador porque sus comisionados estarían respondiendo a las relaciones de poder del presidente Peña Nieto. Como mecanismo legal, el presidente de la república cuenta con el derecho de veto para impedir maniobras especulativas de carácter político.

En este sentido, queda año y medio para reabrir el debate sobre la privatización de Teléfonos de México a favor del empresario salinista Carlos Slim Helú. El punto de partida podría ser el texto del expresidente Carlos Salinas de Gortari en El Financiero en 2014: Telmex fue “una privatización exitosa que terminó cuestionada”. Los principales impugnadores de esa venta de una empresa propiedad de la nación fueron Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador, quienes interpusieron una demanda legal contra Salinas.

La queja de Salinas contra Telmex fue directa: una deficiente regulación estatal sobre la empresa permitió que se comportara “como un monopolio privado” y una empresa que explotó para beneficio económico su condición de monopolio empresarial y potenció el poder internacional del consorcio de empresas de Slim. En junio de 2006, la diputada priísta Sofía Castro Ríos presentó una iniciativa de ley para nacionalizar Telmex y regresarla a propiedad estratégica de la nación.

La venta de Telmex a Slim fue la pieza clave del proyecto neoliberal del presidente Salinas de Gortari dentro del contexto de la privatización de empresas públicas, muchas de ellas innecesarias, pero otras tan importantes como Telmex y las del sector energético y acerero. Esa privatización construyó una nueva camada de empresarios que no dieron sentido productivo a sus empresas, sino que las convirtieron en fortunas personales. El caso de Ancira y Altos Hornos de México, hoy en litigio, formó parte de esa nueva clase de ricos mexicanos con empresas propiedad de la nación.

El modelo de Salinas pasó de un Estado sin empresas –con excepción de Pemex y de FCE, aunque ambas privatizaron servicios y funciones– a una república de supermillonarios privados. En esa privatización salinista estuvo TV Azteca, asignada a Ricardo Salinas Pliego y un grupo de prestadores de dinero, entre ellos Raúl Salinas de Gortari.

La ratificación de la renovación del Título de Concesión de Telmex en marzo de 2023 para extender su condición de empresa de Slim por treinta años más será una de las decisiones estratégicas más importantes del presidente López Obrador en el escenario de su proyecto económico posneoliberal o la continuidad del modelo empresarial neoliberal salinista.

Inclusive, la ratificación de la renovación del título de Concesión de Telmex se está metiendo como pieza clave de la sucesión presidencial del 2024.

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Política para dummies: La política es de grandes decisiones que definen legados.

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