Sigue faltando el diagnóstico Crimen organizado, factor de poder

El debate legislativo en torno a la reforma del Quinto Transitorio constitucional para extender cuatro años más la autorización a las Fuerzas Armadas para intervenir en actividades de apoyo a la seguridad pública ocurrió en un escenario de incremento de la actividad criminal en varias partes de la República y de aumento del contrabando de drogas hacia Estados Unidos.

Dos hechos quedaron expuestos a la atención pública:

1.- La ausencia de un programa operativo de seguridad para combatir el crimen organizado y a sus cómplices en actividades delictivas asociadas.

2.- La necesidad de que la actividad militar y aún la policiaca tengan un marco jurídico mucho más amplio al de la permisividad y se concrete en una urgente ley de seguridad interior.

El punto central que debe enmarcar todo el análisis sobre la seguridad civil y el apoyo militar se localiza en las circunstancias y marcos sociales que han permitido el surgimiento, la consolidación y la expansión de las bandas delictivas de todo tipo desde la fractura estratégica en el desarrollo político de México cuando todo el aparato de seguridad que funcionaba para la protección política del Estado y la sociedad –la Federal de Seguridad como policía política– liquidó los últimos resabios de la lucha política disidente armada.

Pero en lugar de replantearse estratégicamente los nuevos escenarios, el Estado dejó muy sueltas a las policías políticas y éstas entonces se dedicaron a patrocinar la existencia y expansión del crimen organizado. En 1984 se tuvieron las primeras evidencias de que las bandas de marihuaneros estaban operando como cárteles organizados y que tenían la protección de la autoridad. La crisis diplomática de México en el primer semestre de 1985 por el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar por parte del Cártel de Guadalajara del capo de capos Miguel Ángel Félix Gallardo –hoy preso, pero a punto de recibir las bondades del sistema penal y pasar su última parte de la prisión perpetua en la comodidad de su hogar– reveló que la Federal de Seguridad protegía a los delincuentes y desde entonces el gobierno y el Estado no han sabido cómo lidiar con ese problema.

La creación de policías federales y después la Guardia Nacional y la creciente participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a labores de Seguridad pública han caído en actividades tipificadas como de seguridad interior que forman parte del complejo problema que se ha querido resolver a base de decretazos o reformas, pero sin hacer un replanteamiento estratégico de las razones y por lo tanto de las soluciones que debieran tomarse.

La seguridad pública abarca los delitos qué tienen que ver con el patrimonio personal de los ciudadanos, en tanto que la seguridad interior es la que protege la estabilidad de la República ante el acoso del crimen organizado que no solo atenta contra la propiedad individual de las personas, sino que se convierte en actividad delictiva que afecta la soberanía del Estado, la autonomía de las instituciones y las condiciones que se requieren para que existan inversiones que generen bienestar para toda la sociedad.

Un caso típico de seguridad interior se vio en México cuando el capo La Tuta tomó el control de Michoacán, desapareció la autoridad del Estado y se convirtió en la instancia que decidía inversiones privadas y cobraba impuestos criminales a los empresarios, además de garantizar por su cuenta el cumplimiento de las leyes que debieran ser de responsabilidad de los cuerpos policiacos oficiales.

El crimen organizado no está buscando solo caminos de trasiego de drogas y Estados Unidos, sino que se está convirtiendo en un factor corruptor de las autoridades, y también, como se vio en las elecciones legislativas del 2021, en instancia de poder político para apoyar candidatos y exigir el control de decisiones federales, estatales y municipales que beneficien a los negocios delictivos. El cobro de derecho de piso por parte de algunos asociados al crimen organizado en muchas ciudades de la República –incluyendo Ciudad de México– es una especie de impuesto que afecta no solo la estabilidad legal de zonas territoriales, sino que influye en los precios finales de los productos.

El debate legislativo sobre el Quinto Transitorio se quedó solo en el nivel de la autorización para que los militares siguieran apoyando la seguridad pública por otros cuatro años más a partir de abril de 2024, pero nunca en los debates se dio a conocer el plan operativo de la Guardia Nacional y del apoyo militar a partir de la ausencia de un diagnóstico real que debió haberse dado sobre la situación que guarda la delincuencia en México.

Los análisis de los especialistas en seguridad tienen claro el panorama integral de la relación entre seguridad pública y seguridad interior, pero la sociedad desconoce la forma en que el gobierno y el Estado estarían procesando esta interrelación por la ausencia de un marco jurídico que debería ir mucho más allá a un Quinto Transitorio que dejará de tener validez en abril de 2028, en tanto que una ley de seguridad interior como instrumento jurídico integrador de la política de seguridad del Estado debería de tener vigencia permanente con las reformas circunstanciales que se requieran.

Al final de todo el debate, la política de seguridad del Gobierno logró la reforma del Quinto Transitorio y tendrá vigencia hasta 2028, aunque se están percibiendo indicios de que algunos grupos de oposición pudieran llevar a la intervención de la Suprema Corte en la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública, sin ninguna argumentación jurídica por parte del Estado de qué se trata de un caso típico de seguridad interior.

El saldo de días de intenso debate está a la vista: La Guardia Nacional queda fortalecida con el apoyo de las Fuerzas Armadas, pero sin que se tenga un diagnóstico del grado de peligro que representa el crimen organizado y del hecho de que estamos frente a una crisis de seguridad interior.

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

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