Riesgo: aceptar terrorismo criminal implicaría la presencia de EU aquí

Nada le gustaría más a la estrategia de seguridad nacional con jurisdicción internacional de Estados Unidos que imponer el concepto de terrorismo en algunas exhibiciones de violencia de bandas criminales y cárteles delictivos en México. De aceptar la caracterización, la estrategia de seguridad nacional de México quedaría subordinada al enfoque militar estadounidense con la presencia de tropas americanas en territorio mexicano.

En medio del caos migratorio en 2020, el presidente Donald Trump dejó deslizar su decisión en algunos documentos oficiales de que las organizaciones delictivas mexicanas eran terroristas y en ese momento habría que echar a andar en México todo el aparato de seguridad estadounidense porque los americanos no están para juegos desde los ataques del 9/11 de 2001.

La caracterización de terrorismo tiene muchas trampas: una cosa es que ciertas actividades delictivas tengan efecto de generar el terror y otra muy diferente que los perpetradores tengan la intención de ejercer el terrorismo como una forma de su guerra política y religiosa.

México, en este tiempo de Trump, cometió un error estratégico cuando propuso caracterizar de terrorismo el ataque de francotiradores individuales contra miembros de la población hispana, porque esa argumentación llegó a ser examinada por la comunidad de seguridad nacional civil y militar estadounidense como viable con respecto a México.

Las advertencias consulares estadounidenses a sus nacionales en México podrían formar parte del expediente de caracterización de terrorismo en algunos actos de violencia perpetrados por organizaciones delictivas: bloqueos violentos, incendio de empresas que se nieguen a pagar sus cuotas de extorsión y venta de protección y tiroteos callejeros.

Sin embargo, la categoría de terrorismo debe de estar asociada a un planteamiento delictivo y criminal de usar la violencia con el propósito de buscar el control territorial y la sustitución de las instituciones legales del Estado. Y hasta donde se tienen datos, el crimen organizado mexicano tiene el control territorial de algunas partes de la República por la vía de la corrupción y no de la guerra y con el apoyo de importantes sectores sociales locales y sólo para sus negocios.

Los actos de violencia del crimen organizado mexicano pueden tener algunos tonos de prácticas terroristas, pero en el fondo se han tratado de acciones de resistencia o de respuesta ante el avance de las autoridades para la captura y procesamiento de sus líderes.

Los dos más importantes grupos delictivos, el Cártel Jalisco y el Cártel de Sinaloa, no tienen liderazgos políticos que justifiquen acciones para combatir al Estado con objetivos revolucionarios de sustitución de las autoridades institucionales, sino que todas sus decisiones tienden a buscar el apoyo o el distanciamiento de las autoridades de las actividades criminales vinculadas de manera prioritaria al narcotráfico.

En este contexto, la negativa mexicana de aceptar que los recientes hechos de violencia criminal y algunos anteriores forma parte de una estrategia de resistencia a las presiones estadounidenses que buscan desautorizar la capacidad del Estado mexicano para la seguridad ciudadana y luego presionar por la presencia creciente de miembros de la comunidad de inteligencia y seguridad nacional de Estados Unidos dedicados a labores antiterroristas.

Víctimas de la violencia criminal, opositores a la estrategia de seguridad del Gobierno actual, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y sectores sociales agobiados por la violencia en las calles y las limitaciones de la política de seguridad están cayendo en la trampa del a caracterización de la violencia delictiva como actos de terrorismo. La negativa mexicana el lunes durante la presentación de la versión oficial de la crisis de seguridad de la última semana se dio un este escenario de legitimación del enfoque estadounidense de que la violencia delictiva es terrorista.

Los ataques terroristas del radicalismo religioso árabe en 2001 permitieron a Estados Unidos la aprobación, con el apoyo de políticos demócratas, de las leyes patrióticas que violentaron los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo y legitimaron la transnacionalización estadounidense antiterrorista para combatir a los grupos radicales en sus países de origen. Un aviso ha sido enviado ya a México: en 2011 el presidente Barack Obama inventó la doctrina transnacional para los cárteles y con ello que extendió la jurisdicción antiterrorista estadunidense a México.

En este contexto, siempre hay que tener cuidado con lo que se desea.

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